El Comité de Familiares y Víctimas de Atropellos Policiales y Militares del estado Anzoátegui (COFIVANZ) acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar la situación de impunidad de más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales, ocurridos en Anzoátegui desde el año 2000.
Las integrantes del Comité se entrevistaron con Mariela Hurtado, funcionaria de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, a quien solicitaron formalmente la designación de un número mayor de fiscales con competencia en derechos humanos para el estado Anzoátegui, pues las fiscalías responsables están sobrecargadas por la gran cantidad de casos.
Las denunciantes aseguraron que la Fiscalía 19 de Anzoátegui está encargada de la mayoría de los casos de derechos humanos, que según se reseña en el Informe Anual del Ministerio Público son 674 desde enero del año 2000 hasta noviembre de 2007. Así mismo, solicitaron que se active el trabajo de la Fiscalía 68 con Competencia Nacional, la cual fue designada para las investigaciones de estos casos en esa región y hasta la fecha no ha cumplido con ese mandato.
Melquiades Villarroel, madre de Rafael Leonardo Villarroel, estudiante de ingeniería electrónica, quien fue víctima de violación del derecho a la vida, aseguró que mientras exista impunidad, estos hechos se volverán a repetir una y otra vez. “Para nadie es un secreto que en el estado Anzoátegui, como en otros estados, los ciudadanos somos víctimas de los cuerpos policiales, pues el Estado se protege con un antifaz de ley y los funcionarios se prestan para cualquier uso y lo digo con toda responsabilidad como víctima, porque he perdido a mi hijo y unos sobrinos en el caso que ocurrió en el 2001 en la ciudad del Tigre, nombrado como la masacre del Cincuentenario” afirmó Villarroel.
Según el Informe del año 2007 del Ministerio Público, en el estado Anzoátegui se ha registrado un total de 731 víctimas de ajusticiamientos desde enero de 2000 hasta noviembre de 2007, hechos en los cuales se encuentran involucrados 1.597 funcionarios policiales. La Fiscalía solo ha imputado a 306 funcionarios y ha acusado a otros 103.
