Los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte Interamericana que:
1.- Establezca mediante una Resolución el grave incumplimiento en el que ha incurrido el Estado en relación con el fallo del Caso Retén de Catia.
2.- Reitere al Estado su obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia de reparaciones y costas de 29 de agosto de 2002, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3.- Dé aplicación al artículo 65 de la CADH y ponga en conocimiento de las Asamblea General de la OEA el incumplimiento sistemático que ha hecho Venezuela a sus fallos.
4.- Que cualquier acción de cumplimiento sea previamente acordada por el Estado con las víctimas y sus representantes.
5.- Solicite al Estado un cronograma con plazos bien establecidos para que el Tribunal pueda monitorear el cumplimiento de la sentencia.
Los sucesos del Retén de Catia permanecen en absoluta impunidad, pues el Estado venezolano no ha dado cumplimiento efectivo a ninguno de los puntos resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los hechos ocurridos en el Internado Judicial Los Flores de Catia en el año 1992 perdieron la vida aproximadamente 63 internos por presuntas ejecuciones extrajudiciales y se registraron 20 desapariciones forzadas de personas, según cifras del Ministerio Público, luego de que cuerpos de seguridad del Estado dispararan indiscriminadamente contra la población penal.
El 5 de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la cual determinó que en estos acontecimientos hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado y que se violaron los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En esta decisión la Corte determinó que el Estado venezolano debe investigar, identificar y procesar a las personas responsables de estos hechos; adoptar medidas necesarias para adecuar las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales de derechos humanos; capacitar a los cuerpos de seguridad, entre ellos agentes policiales y penitenciarios en el tema de derechos humanos y estándares internacionales en el trato a personas privadas de libertad; así como la indemnizar y brindar garantías de no repetición de estos hechos, entre otras medidas que no se han cumplido dentro de los plazos establecidos por la Corte Interamericana.
El Estado venezolano reconoció los hechos del Retén de Catia y se allanó, en una audiencia pública ante la Corte Interamericana realizada
El Estado permanece en mora con todas las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, en las dos primeras (Caracazo y el Amparo) ha cumplido parcialmente y en las sucesivas no hay ningún punto de los dictámenes que haya sido honrado por el Estado. En todas prevalece la impunidad nadie ha sido condenado por estos gravísimos crímenes ni en El Amparo ni en los más recientes como las desapariciones forzadas de Vargas.
