Al día con los Derechos Humanos

Rechazo al hostigamiento contra organizaciones de la sociedad civil

2010-09-15T14:15:00.004-04:30

Un número de 111 organizaciones de la sociedad civil, 14 organizaciones internacionales, 6 redes y 70 personas vinculadas a temas de derechos humanos firmaron un documento a través del cual condenaron la campaña de desprestigio de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, especialmente en contra de organizaciones como Espacio Público y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Además rechazaron la sentencia emitida por la la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No. 769, el 22 de julio de 2010 sobre el caso Asociación Civil Súmate, la cual restringe los derechos de libre asociación.

Este documento se hizo público a través de las solicitudes planteadas en una rueda de prensa por voceros de la sociedad civil, entre ellos Feliciano Reyna, presidente de Sinergia; Rafael Uzcátegui, coordinador del área de investigación de PROVEA; Liliana Ortega, directora de COFAVIC y Pedro Nikken; ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Todos ellos coincidieron en el rol fundamental que tienen las organizaciones de la sociedad en el país y en el mundo, para el fomento de la democracia, de la paz y del desarrollo comunitario. Es por esto, que en este espacio, queremos recordar algunas de las palabras pronunciadas por estos defensores de derechos humanos.

En primer lugar, Feliciano Reyna destacó que cuando se pretende silenciar o inhibir la labor de las organizaciones, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que se hace es afectar la vida de millones de personas que no encontrarían como conseguir justicia cuando se violan los derechos humanos, por lo que se está también afectando el derecho de estas personas.

Para Rafael Uzcátegui la política de acoso a las organizaciones no gubernamentales en el país no es un hecho aislado, sino que forma parte del contexto general de criminalización de la protesta.
Es por esto que las organizaciones de la sociedad civil reivindicaron a través de este acto la cooperación internacional, así como el derecho que toda organización tiene a recibir fondos provenientes de estos entes cooperantes para realizar actividades lícitas de apoyo, atención, acompañamiento y formación.

En este sentido, Feliciano Reyna recordó que el informe Democracia y DDHH en Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue hecho público en diciembre del año pasado, le indica al Estado que las organizaciones de la sociedad civil pueden recibir fondos de organizaciones no gubernamentales internacionales, extranjeras o de gobiernos extranjeros para promover los derechos humanos y le recomienda al Estado venezolano tomar todas las medidas para que sus funcionarios no realicen declaraciones que estigmaticen a defensores de derechos humanos o a sus organizaciones de sociedad civil.

Para sustentar la importancia de las organizaciones no gubernamentales, Liliana Ortega recordó el trabajo que éstas han realizado durante décadas en el país y citó casos emblemáticos en los cuales centenares de personas han contado con el apoyo de estas organizaciones: “¿Por qué se supo que los pescadores de El Amparo eran pescadores y no guerrilleros? Gracias a las ONG de Derechos Humanos que pudieron demostrar que esa verdad oficial que se estaba presentando en 1988 no era la realidad… ¿Por qué se supo que durante El Caracazo las muertes ocurrieron en su mayoría, en un 95% dentro de las residencias? Gracias a las organizaciones no gubernamentales que estuvieron recopilando información casa por casa, barrio por barrio”.

Lo que dicen instrumentos internacionales

Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su intervención recordó que la cooperación internacional es una obligación que surge de la Carta de las Naciones Unidas. En este instrumento los Estados se obligan a cooperar entre si para la realización de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos. Por lo que calificó de desalentador que se torpedeé y descalifique una actividad tan importante como lo es la cooperación internacional para los derechos humanos.

“Las relaciones internacionales normalmente tienen lugar entre cancillerías, ministerios, burocracias, en teoría toda esta actividad está dirigida para el bienestar de los pueblos, pero este bienestar tiene que pasar por el colador del interés de los gobiernos y a veces se diluye. Una de las pocas actividades internacionales que llega directamente a la gente es la defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y cuando la cooperación internacional apunta hacia la sociedad civil para que ésta defienda con autonomía e independencia estos derechos y libertades se está poniendo en relieve una de las pocas situaciones en las cuales el derecho y las relaciones internacionales están puestas al servicio de la gente”, agregó Nikken.

CIDH denunció ante la Corte ejecución de familia en Aragua

2009-12-04T09:16:00.005-04:30

El Nacional/EFE. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunció ante la Corte Interamericana el caso de Óscar Barrios y varios miembros de su familia que, desde 2003, fueron asesinados presuntamente por miembros de los cuerpos policiales del estado Aragua.

Barrios era un joven de 22 años de edad que contaba desde 2004 con medidas de protección de la Corte Interamericana y fue asesinado en noviembre de ese año.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que acompaña a la CIDH en su denuncia ante la Corte, informó que "el joven fue atacado en el pueblo de Guanayén, a la salida de un partido de softbol, por dos sujetos que vestían pañoletas iguales a las que usan los patrulleros en motocicleta del estado Aragua".

Los supuestos oficiales dispararon contra Barrios y luego asesinaron también a su amigo Carlos Rodríguez, que le acompañaba.

El Cejil subrayó que Barrios es el quinto miembro de su familia que ha sido ultimado, tras el homicidio de su primo Narciso Barrios en 2003, por presuntos agentes policiales.

Ese asesinato motivó la concesión de medidas cautelares de protección de la Corte y de la CIDH para toda la familia Barrios.

De acuerdo con el Cejil, la investigación de los hechos cometidos contra los miembros de esa familia ha demostrado "la participación de funcionarios adscritos a las comisarías del pueblo de Guanayén y de Barbacoa" en el estado Aragua.

Aseguran que los sospechosos de los crímenes "continúan trabajando en las mismas dependencias".

Fuente: El Nacional. Viernes 4 de diciembre de 2009. CIDH denunció ante la Corte ejecución de familia en Aragua. Página Nación/2..

Enlace: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/12/04/default.asp?cfg=1096FGKB681&iu=4624

Foro por la Vida condena el asesinato de defensor de Derechos Humanos en el estado Lara

2009-11-26T10:42:00.004-04:30

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, emitió un comunicado en el cual condení el asesinato del Mijail Martínez, colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), organización ciudadana que trabaja en defensa de los derechos humanos en el estado Lara.

El documento reseñó que Mijail Martínez perdió la vida la mañana de este jueves 26.11.09, cuando presuntamente dos sujetos le dispararon sin mediar palabras mientras se encontraba en el estacionamiento de su residencia ubicada al oeste de Barquisimeto, capital del estado Lara. "El joven de 24 años, se desempeñaba como productor audiovisual, registrando la lucha y el dolor de las víctimas y familiares de la lucha contra la impunidad en la región centro-occidental. Además, era hijo de Víctor Martínez, exdiputado del Consejo Legislativo del estado Lara, luchador social y también colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad, quien a través de programas de radio y televisión ha denunciado, en reiteradas oportunidades, casos de irregularidades en los cuerpos de seguridad de la región. Por esta razón, el exdiputado considera que la muerte de su hijo responde a un hecho de sicariato" agregó la coalición de organizaciones.

El Foro por la Vida ha manifestado en diversas oportunidades su preocupación ante la criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela, por lo que ante este hecho de violencia, realizó las siguientes consideraciones:

- "Exigimos a los organismos de justicia realizar una investigación exhaustiva sobre el caso del asesinato del defensor de derechos humanos, Majail Martínez y sancionar a los responsables de este lamentable suceso, según lo establece la legislación venezolana.

- Solicitamos al Estado venezolano tomar las medidas pertinentes para garantizar las condiciones necesarias para que los defensores/as de derechos humanos puedan cumplir con su labor como contralores sociales y además se les garantice el derecho a la vida y a la integridad personal al igual que lo merecen todos y todas las venezolanas.

- Demandamos detener la campaña de criminalización de la que ha sido objeto el Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara.

-Hacemos un llamado a la colectividad en general de unrse a la lucha y asumir un compromiso ciudadano contra estas violaciones de derechos humanos.

En audiencia privada ante Corte Interamericana: Estado venezolano informó sobre cumplimiento de sentencia en caso Retén de Catia

2009-09-30T16:57:00.000-04:30

El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia privada en la cual escuchó los argumentos del Estado venezolano y de los representantes de las víctimas sobre el cumplimiento de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas del caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), dictada el 5 de julio de 2006. En esta audiencia comparecieron por parte de los representantes de las víctimas: Liliana Ortega, el Dr. Carlos Ayala Corao ambos por COFAVIC y el Dr. Francisco Quintana por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte Interamericana que:

1.- Establezca mediante una Resolución el grave incumplimiento en el que ha incurrido el Estado en relación con el fallo del Caso Retén de Catia.

2.- Reitere al Estado su obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia de reparaciones y costas de 29 de agosto de 2002, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3.- Dé aplicación al artículo 65 de la CADH y ponga en conocimiento de las Asamblea General de la OEA el incumplimiento sistemático que ha hecho Venezuela a sus fallos.

4.- Que cualquier acción de cumplimiento sea previamente acordada por el Estado con las víctimas y sus representantes.

5.- Solicite al Estado un cronograma con plazos bien establecidos para que el Tribunal pueda monitorear el cumplimiento de la sentencia.

Los sucesos del Retén de Catia permanecen en absoluta impunidad, pues el Estado venezolano no ha dado cumplimiento efectivo a ninguno de los puntos resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los hechos ocurridos en el Internado Judicial Los Flores de Catia en el año 1992 perdieron la vida aproximadamente 63 internos por presuntas ejecuciones extrajudiciales y se registraron 20 desapariciones forzadas de personas, según cifras del Ministerio Público, luego de que cuerpos de seguridad del Estado dispararan indiscriminadamente contra la población penal.

El 5 de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la cual determinó que en estos acontecimientos hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado y que se violaron los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En esta decisión la Corte determinó que el Estado venezolano debe investigar, identificar y procesar a las personas responsables de estos hechos; adoptar medidas necesarias para adecuar las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales de derechos humanos; capacitar a los cuerpos de seguridad, entre ellos agentes policiales y penitenciarios en el tema de derechos humanos y estándares internacionales en el trato a personas privadas de libertad; así como la indemnizar y brindar garantías de no repetición de estos hechos, entre otras medidas que no se han cumplido dentro de los plazos establecidos por la Corte Interamericana.

El Estado venezolano reconoció los hechos del Retén de Catia y se allanó, en una audiencia pública ante la Corte Interamericana realizada el 4 de abril de 2006 en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo tres años después el Estado no ha cumplido ningún punto de lo dispuesto en el dictamen del tribunal interamericano.

El Estado permanece en mora con todas las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, en las dos primeras (Caracazo y el Amparo) ha cumplido parcialmente y en las sucesivas no hay ningún punto de los dictámenes que haya sido honrado por el Estado. En todas prevalece la impunidad nadie ha sido condenado por estos gravísimos crímenes ni en El Amparo ni en los más recientes como las desapariciones forzadas de Vargas.

ESTADO DEBE INFORMAR SOBRE CASO DEL RETEN DE CATIA

2009-09-27T16:54:00.000-04:30

Las autoridades venezolanas deberán informarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de las acciones emprendidas con respecto a la investigación y sanción de los responsables en los hechos del 27 de noviembre de 1992, conocidos como la masacre del retén de Catia.

Para el próximo 30 de septiembre se fijó la audiencia oral, en la que los funcionarios venezolanos deberán explicar las diligencias realizadas para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de la Corte-IDH en julio de 2006.

En el fallo, la Corte-IDH ordenó al Estado venezolano juzgar a los responsables de la masacre, ubicar los restos de los reos ajusticiados y adoptar las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles en Venezuela se adecúen a los estándares internacionales, así como entrenar y capacitar a los cuerpos de seguridad para que sean garantes del derecho a la vida.

No obstante, ninguno de estos puntos ha sido cumplido. Tan sólo en el año 2008, 498 reos murieron de formas violenta en cárceles del país, de acuerdo con datos aportados por el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Disponible en;http://www.eluniversal.com/2009/09/27/pol_art_exigen-al-estado-inf_1588161.shtml

"Militares y policías no pueden investigar los hechos del 27F"

2009-09-27T16:42:00.001-04:30

Entrevista a Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic.

Fuente: Diario El Universal.

Periodista:Roberto Giuisti

Fecha de publicación: 27/09/2009

Referencia obligada a la hora de hacer valer los derechos humanos en el país, Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, se pronuncia contra la forma como el Estado venezolano ha reabierto el caso del Caracazo y rechaza que sean militares, ahora de alto rango, pero en aquel tiempo oficiales con mando de tropa, quienes tengan en sus manos las llaves de la investigación ante una Fiscalía que impide la presencia de expertos internacionales.

-¿No es un intento loable del gobierno, reabrir el caso del 27F veinte años después?

-Es importante retomar las exhumaciones y la verificación de los restos que se encuentran en La Peste. Pero para que eso tenga valor de reconstrucción de la memoria histórica es muy importante la calidad del proceso, Y a nuestro juicio éste no reúne las condiciones mínimas para cumplir el objetivo final, que es la reparación de las víctimas.

-Si no cumple las condiciones mínimas, ¿es porque la Fiscalía tiene unos objetivos distintos a los que deben ser?

--El objetivo es investigar los hechos, identificar a los responsables y darle a los familiares la posibilidad de enterrar a sus seres queridos. Para que eso ocurra quienes participan en las investigaciones deben ser funcionarios totalmente neutrales.Y eso está en juego porque en el caso hay distintos niveles de responsabilidad. Primero hay que determinar las responsabilidades de los hechos de febrero y marzo de 1989: el papel de las fuerza pública, los asesinatos y los heridos. Luego están las responsabilidades que se derivan de quienes permitieron, dentro del Instituto de Medicina Legal, la salida de los cadáveres sin cumplir los procedimientos para realizar inhumaciones de personas no reclamadas.

-¿Esas personas estaban identificadas?

-No han sido identificadas. Pero además de eso también es necesario determinar cómo murieron esas personas. Durante todo ese tiempo los restos permanecieron en condiciones no adecuadas. Nosotros presentamos observaciones negativas sobre el procedimiento, pero fuimos desoídos y así se perdieron valiosas evidencias. De manera que las responsabilidades no sólo están en el 89, sino también en los años subsiguientes. Además, quienes van a investigar no pueden ser jueces y parte.

-¿A quién te refieres cuando hablas de juez y parte?

-Me refiero a los mecanismos de impunidad, a la no investigación diligente, a que las líneas de investigación no se han dirigido a quienes participaron en esas acciones: Fuerzas Armadas y Policías. De hecho, no hay ningún funcionario militar o policial activo condenado.

-Pero el entonces ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, ha sido imputado por la Fiscalía.

-Es importante que se realicen todas las investigaciones, pero el único caso en el cual se investigó a un oficial activo de las FAN la Sala Constitucional del TSJ confirmó la prescripción de los hechos, lo cual provocará un efecto cascada porque el Ministerio Público no ha introducido un recurso de revisión sobre esa decisión.

-¿A qué oficial te refieres en este caso concreto?

-No quisiera nombrarlo por respeto al debido proceso. Además, no ha sido condenado y las posibilidades de que esto ocurra son escasas. Por eso los familiares de la víctimas tienen mucha reserva sobre quienes actúan en este proceso, en el cual no pueden estar ni las fuerzas policiales ni las militares. Quienes hace veinte años tenían roles iniciales en sus carreras, hoy en día podrían estar en los niveles más altos de esas instituciones.

-Si eso es así y los responsables se están encubriendo a sí mismos, ¿qué sentido tiene reabrir el caso?

-Esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces. El Caracazo es un caso emblemático de derechos humanos y si hay verdadera voluntad política de investigar, es importante la presencia de expertos internacionales. En Chile y en Argentina, cuando los gobiernos democráticos investigaron los crímenes de las dictaduras, ese trabajo contó con la veeduría de organismos internacionales y de equipos independientes. De lo contrario es imposible reconstruir la memoria histórica y llegar a la verdad porque muchos de los responsables continúan dentro de esas estructuras. Lo mismo se hizo en Centroamérica y Colombia con el caso Emmanuel.

-¿Se niega el Estado a aceptar la participación de expertos internacionales?

-La fiscal general de la República ha declarado que no se aceptarán los expertos argentinos del equipo de antropología forense bajo el argumento de que aquí hay profesionales con la suficiente credibilidad y formación técnica. Cuando se da ese tipo de respuesta uno determina que no se está observando la obligación de independencia.

-¿No es eso encubrimiento?

-Sólo se llega a la verdad con una investigación objetiva.

-Según eso los oficiales perecistas de ayer son los chavistas de hoy.

-Lo que demostraría la falsedad de eso es una investigación independiente. En los años 90, con el padre Olaso en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, se abrieron las fosas comunes de La Peste. Los expertos argentinos participaron y todo lo convalidó un tribunal penal.

Corte Interamericana requiere al Estado venezolano que brinde pleno acceso y capacidad de actuar a familiares de víctimas en proceso de exhumaciones

2009-09-23T16:52:00.001-04:30

La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió el día de hoy, mediante una resolución de cumplimiento de sentencia, al Estado venezolano que se le brinde pleno acceso y capacidad de actuar a los familiares de víctimas y a las víctimas sobrevivientes en todas las etapas e instancias de la investigación, así como en el proceso de exhumaciones, preservando las garantías de seguridad y aplicando técnicas e instrumentos idóneos que no dejen sombra de duda, tal como lo estableció la sentencia emitida por este organismo el 29 de agosto de 2002.

Este pronunciamiento de la Corte Interamericana se realiza en respuesta a la comunicación que envío el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) el pasado 15 de septiembre de 2009, relacionada con las diligencias adelantadas por el Ministerio Público en el caso del Caracazo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que ha establecido jurisprudencia en la región, específicamente en casos de ejecuciones extrajudiciales, en la cual ha establecido que “…El Estado deberá adoptar una investigación seria, imparcial y efectiva de lo acaecido” y que además ha establecido que de manera más específica en relación con la realización de exhumaciones de restos humanos y el proceso de identificación técnica de los mismos que “autopsias y análisis de restos humanos se deben realizar en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados”.

Asimismo, la Corte agregó que “...para realizar las referidas diligencias en aras de procurar y garantizar la adecuada localización, exhumación identificación, custodia y preservación de los restos de las víctimas, así como su entrega a los familiares, y los elementos probatorios para la debida investigación y eventual sanción a los responsables, el Tribunal considera que el Estado debe hacer uso de los medios técnicos idóneos, y que las personas que llevan a cabo estas acciones deberán tener competencia profesional, objetividad, independencia e imparcialidad de los organismos que intervengan en el desarrollo de dichas actuaciones”.

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano que le envíe, en un plazo de cinco días, un informe sobre las diligencias realizadas en relación con el proceso de exhumaciones e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo y la participación de los familiares en dichas diligencias.

COFAVIC SE HACE PRESENTE EN LA PESTE Y RECLAMA JUSTICIA A LAS AUTORIDADES

2009-09-22T16:53:00.000-04:30

Familiares de las víctimas del Caracazo, agrupados en la ONG Cofavic, acusaron al Estado Venezolano de no acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionaron la postura del Ministerio Público con respecto a las exhumaciones que se están realizando.

Para manifestar su descontento con la forma en que se está realizando el proceso de investigación, los familiares se presentaron en el Cementerio General del Sur. Aunque los funcionarios que resguardaban el lugar les impidieron pasar hasta el sector de La Peste durante casi una hora, lograron acceder. Allí fueron víctimas de insultos y descalificaciones de algunos de los presentes, quienes incluso los calificaron de “golpistas” y “asesinos”.

Aura Liscano, presidenta de Cofavic afirmó que fue una falta de respeto por parte del Ministerio Público no haberlos convocado al proceso de exhumación que se estaba llevando a cabo: “por eso fuimos, para dejarles en claro que existimos”, comentó.

Asimismo, Liscano recordó lo sucedido en 1991 con el caso de Eleazar Mabare, quien fue asesinado durante los sucesos del Caracazo y cuyo cuerpo fue enterrado por sus familiares a los pocos días de haber fallecido. No obstante, la Medicatura Forense aseguró haberlo identificado en La Peste en 1991, por lo que se tuvo que exhumar el cadáver enterrado, para al final comprobar que era el cuerpo perteneciente al joven Mabare.

La presidenta de Cofavic cuestionó fuertemente la decisión del Ministerio Público de situar los restos de las víctimas en Fuerte Tiuna, por tratarse de un espacio militar: “Si los militares fueron los que actuaron el 27 de febrero y los que cometieron los crímenes, cómo van a ser ellos los que custodien las evidencias” denunció.

Disponible en: http://www.eluniversal.com/2009/09/22/pol_art_en-medio-de-criticas_1581026.shtml

Familiares de víctimas del Caracazo llevaron solicitudes a La Peste

2009-09-22T16:27:00.000-04:30

El pasado lunes 21 de septiembre de 2009 el Ministerio Público inició un proceso de exhumaciones de los restos que se encuentran en nichos desde 1990, pertenecientes a víctimas del Caracazo, según lo informado por el organismo en una nota de prensa. Una decena de familiares de víctimas agrupadas en COFAVIC se acercó al sector La Peste, en el Cementerio General del Sur, para observar el proceso de exhumaciones y plantear sus solicitudes.

A los largo de más de nueves cuadras de camino empinado pasaron aproximadamente cinco alcabalas militares, en las que se encontraron con funcionarios de la Guardia Nacional.

A mitad de camino, ya cuando iban a pasar la sexta alcabala, Guardias Nacionales les impidieron el paso. Estas madres, hermanas, esposas e hijas se sentaron a la espera del permiso, pues su deseo inquebrantable de justicia no iba a ser arrebatado por militares.

Una vez, en el sector La Peste, la decena de mujeres familiares de víctimas comenzaron a visualizar los nichos que custodiaron en 1990 y a un lado estaba un gran toldo de color blanco, con muchas sillas vestidas de color azul debajo del mismo, la evidencia de que un gran acto estaba ocurriendo. Hilda Páez con rabia, impotencia y dolor emitió un grito que se escuchó en toda La Peste: “Nosotros sí somos los verdaderos familiares”.

Ibelice Rodríguez Caminero, hija de Elsa Caminero, quien murió en el Caracazo, se unió al grito y junto con Páez desplegó una pancarta que decía: “Cofavic, las víctimas 20 años presentes. Exhumaciones independientes”.

Los medios de comunicación presentes en el lugar rodearon a Yris Medina y a Aura Liscano, las portavoces del grupo de familiares agrupados en COFAVIC, quienes afirmaron que no habían sido tomadas en cuenta por el Ministerio Público al no ser incluidas en el proceso de exhumaciones y al no escuchar sus peticiones como la de solicitar la participación del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) para la identificación de los restos de sus familiares.

Yris Medina, como esposa de Wolfang Quintana, quien murió dentro de su casa por un disparo de FAL durante los sucesos del Caracazo, el 2 de marzo de 1989, agregó que los familiares de COFAVIC han solicitado al Ministerio Público que los restos de las víctimas no sean colocados en Fuerte Tiuna, sede de la jurisdicción militar, y custodiados por militares, pues no se desarrollaría una investigación independiente y constituiría una ofensa para los familiares de las víctimas, pues los responsables de la mayoría de las muertes fueron funcionarios militares y policiales, según quedó establecido en al sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2002.

Luego de transmitir el mensaje las familiares de víctimas del Caracazo decidieron retirarse.

CORTE-IDH EXIGE A VENEZUELA INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE EXHUMACIONES

2009-09-19T16:49:00.000-04:30

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado Venezolano información sobre el proceso de exhumaciones de los restos de las víctimas del Caracazo, en un plazo que se extiende hasta el próximo lunes 21/09/09.

En una nota de prensa, el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) indicó que la exigencia de la Corte se basa en un pronunciamiento realizado por los familiares de las víctimas “por considerar que lo adelantado por el Ministerio Público contradice abiertamente lo dispuesto en las sentencias del 11 de noviembre de 1999 y del 29 de agosto de 2002, emitidas por la Corte-IDH dado que excluye del proceso a las víctimas y sus representantes, y se aplican procedimientos que lesionan la independencia plena de la investigación”, según señala el comunicado.

Cofavic expresó además que el modo en que se están desarrollando las investigaciones deja dudas de la confiabilidad del proceso, puesto que autoridades militares que podrían tener “graves responsabilidades en varios de los casos del Caracazo” sean las dispuestas por la Ministerio para resguardar la poca evidencia que queda 20 años después de los hechos.

Ante esto, familiares manifestaron que no están dispuestos a recibir restos óseos de las víctimas si no son sometidos a exhaustivas investigaciones de peritos independientes, como lo son los que conforman el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Disponible: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/09/19/default.asp?cfg=1328FKBF914&iu=1640
http://www.eluniversal.com/2009/09/19/pol_art_corte-idh-exige-al-e_1578220.shtml

Restos del Caracazo debn ser analizados por organismos independientes

2009-09-12T16:45:00.001-04:30

El presidente del equipo de antropología forense argentino, Luis Fondebrider explicó, en una entrevista con el diario El Nacional, la necesidad de que los familiares de las víctimas del Caracazo sean partícipes directos en las investigaciones que se están llevando a cabo por el Ministerio Público y resaltó la importancia que tiene la independencia en todo el proceso de identificación de los restos.

Fondebrider explicó que es crucial el trabajo conjunto con los familiares de las víctimas y las organizaciones que los agrupan, como es el caso del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), especialmente cuando se trata de un asunto político como el Caracazo.

Miembros de Cofavic han manifestado la suspicacia que les produce el hecho de que los restos sean trasladados a Fuerte Tiuna, por tratarse de un recinto militar, a esto, Fondebrider explicó que “Los restos nunca deberían llevarse a un sitio militar. El estudio no puede hacerse en secreto. El lugar de análisis de los cuerpos debe ser autónomo e independiente de las partes implicadas en los hechos para que brinde garantías a los familiares”, comentó.

No obstante, la Fiscalía General de la República descartó la participación de este reconocido equipo forense, aún cuando han sido ellos los encargados de recuperar restos de violaciones de derechos humanos en 40 países y fueron los identificadores de los restos de Ernesto “Ché” Guevara. El equipo forense argentino participó también en el análisis de lo ocurrido en el Caracazo en noviembre de 1990.

Disponible en: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/09/12/default.asp?cfg=2814BCLK2400&iu=1640

Foro por la Vida denuncia falta de garantías para el trabajo de las organizaciones de DDHH

2009-09-11T10:43:00.004-04:30

(Caracas, 09.09.09) El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela, desea expresar su preocupación por la cadena de acontecimientos acaecidos en las últimas semanas, que vulneran el trabajo que realizan los defensores y defensoras en derechos humanos y lesionan diferentes garantías para su pleno ejercicio, establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El pasado 27.08.09 José Urbano, presidente de la ONG Prodefendesa del Derecho a la Educación, denunció un intento de homicidio en su contra, cuando se desplazaba en moto, en horas de la noche, por una autopista de la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Según el relato de la víctima fue interceptado por dos personas desconocidas, quienes también transitaban en una moto por dicha arteria vial, y uno de ellos gritó “ese es el tipo, mátalo”, tras lo cual Urbano se lanzó de su vehículo y se escondió en unos matorrales, esquivando así varios disparos. Al fallar en su intento de asesinato, los dos desconocidos huyeron robándose la motocicleta del defensor del derecho a la educación. Hay que recordar que José Luis Urbano sufrió un atentado similar en el año 2007, tras realizar una serie de denuncias acerca de irregularidades presentes en las escuelas del estado Anzoátegui. En esta oportunidad los agresores son presuntos funcionarios policiales de la policía del estado Anzoátegui.

Una semana después, en otro suceso, el presentador del programa “La Hojilla”, trasmitido por el canal del Estado VTV, ciudadano Mario Silva, quien integra la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizó un extenso comentario criminalizando el trabajo tanto del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), como de su directora ejecutiva Liliana Ortega. En su programa correspondiente al 03.09.09, Silva expresó que “COFAVIC pretendía cobrar todas las indemnizaciones, cobrarlas y quedarse con un porcentajes distribuyéndola a cada familiar de víctimas los reales. ¿Es o no es Liliana Ortega? Cobrar, me quedo con una parte y me quedo el resto (…) Le tocaron el bolsillo a COFAVIC, le tocaron el bolsillo a Liliana Ortega, le tocaron el bolsillo a todos estos señores y pam! (…) están tratando de involucrar al gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez, un juicio a nivel internacional no solamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino en La Haya, para tratar de hacer lo mismo que le hicieron a Noriega en Panamá, juzgado por delitos de lesa humanidad”.

En un tercer hecho, dos funcionarios venezolanos sugirieron la ilegitimidad del actual sistema internacional de protección a los derechos humanos. Por un lado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, difundió en una nota de prensa institucional el pasado 01.09.09, la necesidad de crear un Tribunal Regional en derechos humanos, pues “Venezuela viene planteando, incluso en las decisiones de la Sala Constitucional, la falta de vigencia y sobre todo de legitimidad de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no ha sido para nuestro país un garante de la autonomía de nuestros poderes judiciales” . Por otra parte, el propio representante del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano , Germán Saltrón, afirmó en una entrevista de prensa (Ciudad CCS, 02.09.09) que dicha instancia “no tiene autoridad alguna en Venezuela por su demostrada parcialización contra el Gobierno venezolano”, tras lo cual ratificó que el Gobierno no autorizará que visiten el país.

Otras dos situaciones completan el contexto. La primera es la visita recibida en su domicilio por Carlos Nieto, de la ONG Una Ventana a la Libertad, por tres funcionarios de la Policía Metropolitana el pasado 19.08.09, en donde le preguntaron “¿Por qué mejor no te callas la boca y no te metes en más peos? Deberías dejar de estar sacando esas cosas del Ministro”, con relación a las denuncias realizadas por las irregularidades en los centros penitenciarios del país. La segunda son las informaciones aparecidas en prensa (La Razón, 06.09.09) en donde se afirma que se ha abierto una averiguación contra Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), por su presunta responsabilidad por la situación conflictiva que viven las cárceles venezolanas.

El Foro por la Vida desea expresar su preocupación por el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país y con ello el incremento de los riesgos para los activistas, las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo, así como la impunidad respecto a las denuncias de las agresiones físicas contra activistas en el país. En este sentido exige la investigación de las amenazas contra la vida de José Luis Urbano, y que se tomen medidas para garantizar su integridad. Por otra parte, desea rechazar de manera contundente el uso de los medios estatales para desacreditar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos del país, una política que vulnera tanto los derechos a la libertad de expresión e información expresados en nuestra carta magna como el de libertad de asociación para realizar labores de contraloría social y constituye un uso inadecuado e ilegal de los recursos públicos.

Por último el Foro por la Vida objeta la política de Estado para desacreditar y debilitar el sistema internacional de protección a los derechos humanos, lo cual desconoce obligaciones internaciones emanadas de los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. El Foro por la Vida considera que estas iniciativas forman parte de una política deliberada para restringir y acorralar los derechos humanos de todas las personas en el país por ello, se interpela a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse y emprender iniciativas para revertir estas situaciones que atentan contra la democracia de justicia social expresada en nuestra Carta Magna.

Cofavic solicita al Ministerio Público independencia en la identificación de los restos de las fosas clandestinas del caso Caracazo

2009-09-08T15:32:00.009-04:30

Caracas, 4 de setiembre de 2009.

Representantes de COFAVIC expresaron, en una rueda de prensa, la importancia de que el proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo, que se encuentran en las fosas de La Peste (Cementerio General del Sur), se haga de acuerdo a las técnicas y procedimientos científicos que se han practicado en otros países con situaciones similares. Un punto clave para esta ONG es que el Equipo Argentino de Antropología Forense retome el trabajo realizado en la fosa clandestina del cementerio de La Peste en el año 90.

“Ya después de 20 años no sé qué restos van a retirar puesto que en el año 90 se retiraron 68 cuerpos y aún quedan 65 por identificar (…) Nosotros no creemos en los antropólogos que están ahora puesto que son muy jóvenes y no pasaron por La Peste en el año 90 y no vamos a aceptar ningún resto que no sea identificado por expertos internacionales“, afirmó Aura Liscano, hermana de José Miguel Liscano, desaparecido el 28 de febrero de 1989.

“Por lo tanto nosotros no sabemos qué restos van a exhumar de La Peste porque nosotros en el año 90 exhumamos los cadáveres que estaban allí y ahora están en los nichos. Lo único que queremos es que se identifiquen los cadáveres”, añadió Hilda Páez, madre de Richard Páez asesinado el 3 de marzo de 1989.

Otro punto importante para Cofavic es el anuncio de la Fiscalía General de la República del traslado de los cuerpos de La Peste a dependencias militares. Con relación a esto, Yris Medina, esposa de Wolfang Quintana asesinado el 2 de marzo dentro de su casa, expresó: “A mi esposo lo asesina un militar (…) Para mí esto es volver al inicio cuando las investigaciones están muy avanzadas”.

En este sentido, Liliana Ortega, directora de la organización, señaló: “Es muy importante que quienes puedan estar señalados como responsables estén totalmente apartados del proceso”. A lo que agregó: “Las víctimas no son enemigos de la justicia, las víctimas lo que quieren es justicia”.

Ortega insistió en que el caso de El Caracazo no termina con el mero pago de las indemnizaciones. “Hay que determinar también por qué no se identificaron los cuerpos exhumados en las fosas clandestinas de La Peste, por qué esos cuerpos luego de ser exhumados en el año 90 no se guardaron de acuerdo al protocolo establecido. Todas estas responsabilidades tienen nombres y apellidos que deben ser identificados. Debe haber justicia y la justicia pasa por responsables y no hay una sola persona condenada luego de veinte años”.

FAMILIARES DE VICTIMAS DEL CARACAZO SOLICITAN EXHUMACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO

2009-08-20T17:22:00.000-04:30

Los familiares de las víctimas de “El Caracazo” y el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) reiteraron la necesidad de que expertos internacionales identifiquen plenamente los restos de las personas enterradas en las fosas comunes de La Peste, en el Cementerio del Sur en Caracas, luego de los sucesos de “El Caracazo”.

Los familiares han solicitado en varias oportunidades la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que estuvo a cargo del peritaje de las fosas clandestinas de La Peste en 1990. Asimismo, los parientes afirman que el método más indicado para la identificación de los restos hallados es la comparación del ADN, según ha sido dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de agosto de 2002.

Entre las disposiciones de la CIDH, que serán enviadas al Ministerio Público a modo de petición por parte de los familiares de las víctimas, se señala lo siguiente:

“El Estado debe localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos idóneos, y entregar a sus familiares, en los términos de los párrafos 121 y 124 a 126 de la presente Sentencia, los restos mortales de las dieciocho víctimas determinadas en esos mismos párrafos;

“Que los costos de las inhumaciones, en el lugar escogido por sus familiares, de los restos mortales de las personas a que se refiere el punto resolutivo anterior, deberán correr a cargo del Estado, en los términos del párrafo 124 de la presente Sentencia”.

Disponible en: http://www.correodelcaroni.com/content/view/134217/107/

COFAVIC HABLA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2009-07-30T15:12:00.000-04:30

El Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) realizó un foro en colaboración con representantes de distintas ONG nacionales e internacionales, en el cual se trató la problemática de violencia de género.

Magally Huggins, coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, comentó que se calcula que por cada homicidio de un hombre entre tres y cuatro mujeres del entorno familiar se convierten en víctimas, a causa de los efectos psicológicos, sociales y legales generados por la pérdida, además del agotamiento causado por la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad. Se estima que alrededor de un millón de mujeres venezolanas atraviesan esta situación.

La coordinadora denunció el hecho de que en Venezuela no exista un programa público de atención para las familias que se ven afectadas por la violencia, y que la mayoría de ellas quedan desprotegidas.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, señaló que estas mujeres no sólo sufren el dolor de la pérdida del ser querido, sino que además se convierten en blanco de hostigamientos y amenazas. Señaló que 70 de cada 100 denunciantes que acuden a organizaciones como Cofavic y Amnistía Internacional son amenazadas, lo que representa una arista de la violencia de género.

Según Vivian Díaz, coordinadora de proyectos de Amnistía Internacional, indicó que en Latinoamérica y el Caribe, un tercio de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual, bien sea física o psicológica. En Venezuela solo 1 de cada 9 casos de violencia de género es denunciado, pues no existe una cultura de denuncia al respecto.

El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres registró 226 asesinatos de mujeres en Venezuela, de las cuales 9 estaban embarazadas, 70 fueron secuestradas y 68 violadas. El 15% de ellas era menor de edad, aunque se presume que la cifra total es mayor.

Disponible en: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/07/30/default.asp?cfg=1495FLKZ1081&iu=1640

Tribunal de Vargas condenó a funcionario de la DISIP por desaparición forzada

2009-06-08T14:23:00.005-04:30

El Tribunal Tercero de Juicio del estado Vargas condenó a cumplir 15 años de prisión a un funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Perevención (DISIP), por la desaparición forzada de Oscar Blanco Romero y Marcos Monasterios, delito previsto en el artículo 180-A del Código Penal. Estos hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 1999, durante un operativo desplegado por fuerzas de seguridad del Estado en el sector Valle del Pino, días después del desastre natural conocido como la tragedia de Vargas.

El Tribunal Tercero también consideró que no había suficientes elementos para condenar a otro funcionario retirado de la DISIP, quien para el momento del operativo era el responsable del pelotón que se desplegó en Vargas y por lo cual, el Ministerio Público lo había acusado por encubrimiento del delito de desaparición forzada, previsto también en el artículo 180 del Código Penal.

Durante las 9 audiencias de juicio quedó demostrado a través de evidencias y declaraciones de testigos, entre los cuales se encontraban funcionarios de la DISIP, del Ejército y familiares de las víctimas, que el día 21 de diciembre de 2009 funcionarios del Ejército detuvieron a Oscar Blanco Romero y a Marco Monasterios y que posterior a esto pasaron la custodia de los detenidos a los funcionarios de la DISIP. Desde ese día y hasta la fecha, estas personas han permanecido desaparecidas sin que ningún funcionario de los que participó en el operativo haya informado del paradero de las víctimas.

Las familiares, pero muy especialmente Gisela Romero e Irma Pérez de Monasterio, madres de las víctimas, solicitaron al Tribunal durante la audiencia final que se determine el paradero de sus hijos desaparecidos y se termine con esta zozobra que han vivido durante los últimos diez años.

Alejandra Iriarte de Blanco y Gisela Romero, esposa y madre, respectivamente, de Oscar Blanco Romero, denunciaron la desaparición ante la Fiscalía Superior de Vargas el 24 de enero de 2000. Iriarte de Blanco introdujo con el acompañamiento de las organizaciones COFAVIC, la Red de Apoyo, Provea y Vicaría de Caracas, un habeas corpus ante el tribunal Quinto de Control de Vargas, el cual fue declarado sin lugar.

El 14 de septiembre de 2001, la Fiscalía presentó un escrito de acusación por desaparición forzada, ante los tribunales de Vargas, contra dos funcionarios de la DISIP. Un año después, el juzgado Quinto de Control decretó el sobreseimiento de la causa.

Entre febrero de 2003 y julio de 2006 la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia conocieron el caso. Finalmente el 26 de enero de 2009 se inició el juicio oral y público durante el cual resultó condenado uno de los funcionarios acusados.

Mientras este juicio se desarrollaba en instancias internas, familiares de las víctimas, con el acompañamiento de COFAVIC, la Vicaría de Caracas y el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (Cejil), presentaron el 3 de marzo de 2000, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la desaparición forzada de Oscar Blanco Romero, Roberto Hernández Paz y José Francisco Rivas.

El 28 de noviembre de 2005, la Corte Interamericana ordenó al Estado venezolano investigar los hechos y sancionar a los responsables; adoptar las medidas necesarias para localizar a los desaparecidos; indemnizar a las víctimas, entre otras medidas de reparación y no repetición de estos hechos.

COFAVIC reconoció la labor de jóvenes promotores de derechos humanos

2009-05-26T17:17:00.006-04:30

El concurso "Los jóvenes también somos promotores de derechos humanos" realizado por COFAVIC con estudiantes de cuatro colegios Fe y Alegría, entre marzo y mayo de 2009, llegó a su fin. Un total de 31 jóvenes mostraron sus habilidades periodísticas a través de cuatro periódicos escolares, en los cuales plasmaron la realidad de las comunides de catia, La Rinconada, La Vega y Antímano, desde una perspectiva de derechos humanos.

El colegio Madre Cecilia Cros de Catia se llevó el primer lugar del concurso, pues usando un lenguaje ajustado al colegio y a su comunidad realizó el periódico Info Escolar con perspectiva de derechos humanos.

El segundo lugar de la premiación fue otorgado al periódico realizado por el colegio Fe y Alegría de La Rinconada llamado La Realidad, el tercero para el colegio Andy Aparicio con el periódico El Humanista, ubicado en La Vega; y el cuarto lugar también para el periódico El Humanista, pero del colegio Prisco Villasmil, ubicado en Antímano. Sin embargo, para COFAVIC los cuatro colegios de Fe y Alegría que participaron en el concurso son ganadores, pues se convirtieron en aliados de la promoción y defensa de los derechos humanos.

Dentro de la premiación se incluyó un reconocimiento especial al mejor reportaje, que fue otorgado a un estudiante de Fe y Alegría de La Rinconada, quien realizó un trabajo periodístico titulado Premio Príncipe de Asturias llega a Las Mayas: Sistema Nacional de Orquestas Juveniles en Venezuela. En este reportaje se describe el logro que ha realizado este sistema de orquestas y lo califica como “…un escape a un mundo mágico donde la violencia no existirá jamás”.

Tanto el grupo de jurados como el equipo COFAVIC agradecieron a todos los Colegios participantes: Colegio Fe y Alegría (La Rinconada), Colegio Andy Aparicio (La Vega), Madre Cecilia Cros (Catia) y al Colegio Prisco Villasmil (Antímano) el respaldo mostrado por sus estudiantes, así como su compromiso con el tema de derechos humanos pues, de no ser así, este concurso no se hubiese transformado en una realidad.

ONG denuncian que declaraciones de la presidenta de la CIDH buscan debilitar el Sistema Interamericano

2009-05-19T15:22:00.002-04:30

Las organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos y de desarrollo agrupadas en las redes “Foro por la Vida”, “SINERGIA” y Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, respectivamente, dirigieron hoy una carta a la actual Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la abogada Luz Patricia Mejía, rechazando categóricamente las declaraciones emitidas por ella ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, sobre el capítulo IV relativo a Venezuela, contenido en el informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la pertinencia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH).

El Estado venezolano ha venido debilitando sistemáticamente la tutela que ofrece el sistema interamericano de derechos humanos, al desacatar abiertamente las sentencias y las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), emitir jurisprudencia interna restrictiva de los derechos humanos y del alcance del sistema interamericano en el contexto interno; al no reconocer la procedencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; al evitar la realización de una visita in loco reiteradamente solicitada por ésta al Estado venezolano; y al fomentar y desarrollar una campaña permanente de descredito en contra de la CIDH, la CorteIDH, los abogados y organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos usuarias del sistema interamericano.

En este contexto se realizaron las declaraciones de la Comisionada Mejía, durante una entrevista ofrecida a la cadena internacional estatal Telesur, en las que emite opiniones no apropiadas a una experta independiente en materia del sistema internacional de derechos humanos, sumándose a la campaña de descalificación contra el organismo promovido por el gobierno venezolano.

Las ONG firmantes lamentaron profundamente que la actual Presidente de la Comisión Interamericana se sume a esta política del Estado venezolano y descalifique abiertamente el trabajo de la Comisión Interamericana. Por lo que consideraron preocupante, por su nacionalidad venezolana, la clara intromisión de la abogada Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los asuntos que este órgano está llevando sobre Venezuela, dado que el artículo 17 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los miembros de la CIDH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de los casos o análisis de las situaciones de sus países.

Para familiares de víctimas el Estado venezolano está en mora en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana

2009-05-11T14:54:00.004-04:30

Familiares de víctimas de los casos del Caracazo (sucesos del 27 de febrero de 1989), Retén de Catia ocurrido en 1992, así como Blanco Romero y otros (desparecidos durante los deslaves de Vargas en 1999) rechazan el comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en el cual afirmó que el Estado venezolano ha respondido a las observaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha reconocido casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, por considerar que no se ha hecho justicia, pues no hay ni un solo detenido por estas violaciones de derechos humanos.

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que “El Estado venezolano ha venido respondiendo todas las observaciones formuladas por la Comisión, y ha reconocido casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos sobre su territorio (Caracazo, Reten de Catia, Desaparecidos de Vargas), en los cuales ha aceptado su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Para COFAVIC y los familiares de víctimas de estos casos que el Estado responda a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acepte su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica necesariamente que se realice justicia en estas violaciones de derechos humanos, que se cumplan en su totalidad y en el plazo estipulado las resoluciones emitidas por la Corte y que el Estado garantice la no repetición de hechos como estos. Premisas que no se han cumplido luego de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitidas en el año 2002 (caso Caracazo), en el 2005 (caso Blanco Romero y otros por el caso desapariciones forzadas en Vargas) y en el año 2006 (caso Retén de Catia).

Por ello, familiares de víctimas afirman que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representan la última esperanza de realizar justicia en estos casos de violaciones de derechos humanos, así como la oportunidad de ser escuchados por un juez imparcial, frente a la impunidad que representa un común denominador en muchos casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, entre otros ocurridos en Venezuela.

Familiares solicitaron a la Fiscalía celeridad en investigaciones de ejecuciones extrajudiciales en Anzoátegui

2009-04-30T14:42:00.003-04:30

El Comité de Familiares y Víctimas de Atropellos Policiales y Militares del estado Anzoátegui (COFIVANZ) acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar la situación de impunidad de más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales, ocurridos en Anzoátegui desde el año 2000.

Las integrantes del Comité se entrevistaron con Mariela Hurtado, funcionaria de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, a quien solicitaron formalmente la designación de un número mayor de fiscales con competencia en derechos humanos para el estado Anzoátegui, pues las fiscalías responsables están sobrecargadas por la gran cantidad de casos.

Las denunciantes aseguraron que la Fiscalía 19 de Anzoátegui está encargada de la mayoría de los casos de derechos humanos, que según se reseña en el Informe Anual del Ministerio Público son 674 desde enero del año 2000 hasta noviembre de 2007. Así mismo, solicitaron que se active el trabajo de la Fiscalía 68 con Competencia Nacional, la cual fue designada para las investigaciones de estos casos en esa región y hasta la fecha no ha cumplido con ese mandato.

Melquiades Villarroel, madre de Rafael Leonardo Villarroel, estudiante de ingeniería electrónica, quien fue víctima de violación del derecho a la vida, aseguró que mientras exista impunidad, estos hechos se volverán a repetir una y otra vez. “Para nadie es un secreto que en el estado Anzoátegui, como en otros estados, los ciudadanos somos víctimas de los cuerpos policiales, pues el Estado se protege con un antifaz de ley y los funcionarios se prestan para cualquier uso y lo digo con toda responsabilidad como víctima, porque he perdido a mi hijo y unos sobrinos en el caso que ocurrió en el 2001 en la ciudad del Tigre, nombrado como la masacre del Cincuentenario” afirmó Villarroel.

Según el Informe del año 2007 del Ministerio Público, en el estado Anzoátegui se ha registrado un total de 731 víctimas de ajusticiamientos desde enero de 2000 hasta noviembre de 2007, hechos en los cuales se encuentran involucrados 1.597 funcionarios policiales. La Fiscalía solo ha imputado a 306 funcionarios y ha acusado a otros 103.

Defensoría del Pueblo asegura que Ley de Cooperación Internacional será sancionada próximamente

2009-04-02T16:27:00.003-04:30

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, el 1 de abril de 2009 en una visita que realizó a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, se pronunció sobre la Ley de Cooperación Internacional sobre la cual indicó que será sancionada próximamente y agregó que se deben regular las actividades que desarrollan las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de derechos humanos.

"Han actuado al margen de la ley recibiendo financiamiento de otros países. Además, hacen señalamientos temerarios en contra del Estado que no son ciertos", agregó Ramírez al referirse a las organizaciones citadas anteriormente.

De igual forma, señaló que en una reunión en la Organización de Naciones Unidas (ONU) fueron acogidas las propuestas de modificación de estatutos de instituciones que rigen los derechos humanos, presentadas por Venezuela ante el Comité Internacional de Coordinación en la ONU.

COFAVIC realizó Foro "A 20 años del Caracazo" en la UCAB

2009-03-27T16:29:00.004-04:30

El 27 de marzo de 2009 se realizó un foro en la Universidad Católica Andrés Bello, denominado a 20 años del Caracazo, en el cual familiares de víctimas y una sobreviviente del Caracazo narraron sus vivencias durante los sucesos del 27 de febrero de 1989.

De igual forma, el padre Pedro Trigo, s.j., describió el contexto vivido en esos días, pues él fue testigo de cómo sucedieron muchos hechos irregulares, como violaciones al derecho a la vida en comunidades populares, como El Guarataro y La Pastora. El Dr. Jesús María Casal, decano de la facultad de Derecho de la UCAB, elogió la labor de COFAVIC, junto con los familiares de víctimas del Caracazo, quienes desde hace 20 años llevan acciones en búsqueda de la justicia.

Maritza Romero, Yris Medina y Aura Liscano narraron el dolor que experimentaron al perder a hermanos y esposo durante estos sucesos. Con mucha emotividad recordaron hechos muy duros sellados por el duelo y la impunidad. Pero con mucha fuerza recordaron los inicios de COFAVIC, cuando madres, esposas y hermanas se reunían para acudir a organismos públicos, realizar peticiones de justicia a través de protestas, custodiar los cuerpos de sus familiares que se encontraban en las fosas comunes de La Peste, en el Cementerio General del Sur. Para luego conformarse como comité de víctimas y ayudar a otras personas que también han perdido familiares a causa de una violación de derechos humanos. Por su parte, Matilde Castillo, sobreviviente del Caracazo y quien perdió una pierna cuando tenía 19 años como consecuencia de disparos realizados por funcionarios, contó tanto a estudiantes de la universidad como al público en general cómo su vida había cambiado luego de este hecho.

Los abogados Willy Chang y Luis Alfonso Herrera describieron el proceso de documentación de los casos del Caracazo para presentarlos ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, reseñando la importancia de recopilar documentos que probaran el vínculo entre familiares y víctimas, además de dejar sentado los cambios y consecuencias evidenciadas en la familia a causa de estas violaciones de derechos humanos ocurridas durante los sucesos del 27 de febrero de 1989.

A 20 años del Caracazo, “la justicia es posible y urgente” como señaló Aura Liscano, familiar de víctima del Caracazo y fundadora de COFAVIC en las palabras de cierre que pronunció al finalizar el foro.

Ley de Cooperación Internacional amenaza autonomía de ONG

2009-03-18T12:08:00.007-04:30

Las diversas organizaciones de derechos humanos y desarrollo social, agrupadas en el Foro por la Vida y Sinergia, desde el año 2006, antes de aprobarse la Ley de Cooperación Internacional en primera discusión en la Asamblea Nacional, sustentaron el rechazo a esta legilsación, entre otras razones, por considerar que amenazaba la autonomía de las organizaciones. A continuación se destacan algunos de los argumentos que sutentaron esta afirmación:

- Observaciones artículos 8 y 10 del Proyecto de Ley de Ccoperación Internacional: Se incorpora la actividad de organizaciones sociales a la política exterior del Estado venezolano. y se somete a las organizaciones a lineamientos de un órgano desconcentrado, creado por el Presidente de la República.

Para las organizaciones no gubernamentales anteriormente mencionadas, las actividades de las ONG no deben estar sujetas o coodinarse con las políticas de cooperación del Estado venezolano. Esta premisa se sustenta, de acuerdo con las ONG, en que es fundamental que exista independencia de las organizaciones frente al Estado, para garantizar que pueda realizarse el trabajo que ejecutan. Tal es el caso de las organizaciones de derechos humanos, las cuales deben denunciar y proteger los derechos frente a las violaciones que realiza el propio Estado.

-Observaciones artículos 12, 13: Establecen la creación de un fondo donde se destinarán los recursos provenientes de otros gobiernos, organismos internacionales, fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras. Esto no garantiza que no se realice una mediación en la recepción de fondos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, provenientes de la cooperación internacional.

- Observaciones artículo 17: Se crea un registro de las organizaciones, como requisito para que puedan recibir fondos de la cooperación internacional y describe a estos entes como "homólogos", por lo que las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación, en caso de que se pretenda establecer una limitación al derecho a recibir fondos de otros entes diferentes a ONG (que serían sus homólogos).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Lea el proyecto de Ley de Cooperación Internacional

Ley de Cooperación Internacional viola reserva de información

2009-03-18T08:00:00.001-04:30

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y desarrollo social, agrupadas en el Foro por la Vida y Sinergia han manifestado su posición frente a la Ley de Cooperación Internacional, entre otras razones han indicado que viola la privacidad y reserva de información, al colocar la información que manejan organizaciones no gubernamentales a disposición del Estado.

Esta premisa se encuentra en el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, en el artículo 22, el cual establece lo siguiente: "Sin perjuicio de lo que al efecto disponga el Reglamento de esta Ley, las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que operen en el territorio la República Bolivariana de Venezuela, suministrarán a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento".

Para las organizaciones del Foro por la Vida y Sinergia este artículo no establece límites en el suministro de información, establecidos en las garantías constitucionales como secreto de la correspondencia, secreto profesional, de la fuente, reserva de documentos, entre otros.

La norma, para las ONG anteriormente citadas, resulta inadmisible y peligrosa, por considerar que no se controla la intención que puedan tener los ciudadanos solicitantes de información y se vulnera la misión de las organizaciones, por ejemplo las de derechos humanos, que manejan información relacionada con denuncias de ejecuciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada de personas. Por lo que al sumiministrar información sobre estos casos pudiesen resultar perjudicados beneficiarios directos de las organizaciones.

“Más vale derecho conocido que declaración sin conocer”

2009-03-17T16:06:00.009-04:30

COFAVIC se encuentra realizando un concurso formativo para jóvenes de cuatro colegios Fe y Alegría, ubicados en Caracas. Esta iniciativa se ha denominado “Más vale derecho conocido que declaración sin conocer” y se desarrolla entre los meses de marzo y abril de 2009.

El eje central de esta propuesta gira en torno a la formación y concientización de los jóvenes, en el tema de derechos humanos, con la finalidad de incidir de manera positiva en los conceptos, percepciones que poseen las poblaciones más jóvenes sobre el tema y de igual forma, impulsar conocimientos que siembren la importancia de promoción y defensa de los derechos en la sociedad.

De cada uno de los cuatro colegios participantes del concurso, se han seleccionado 10 estudiantes, de ambos géneros, que cursan actualmente entre cuarto y quinto año de diversificado.

A estos jóvenes se les ha brindado capacitación, a través de dos talleres sobre conocimientos básicos en derechos humanos, características, tipología, clasificación, importancia del derecho y del deber como ciudadanos, las instituciones encargadas de hacerlos valer, así como una breve contextualización del momento histórico en el cual surge la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Luego de estos talleres, los jóvenes deben reflejar el conocimiento adquirido en un producto final: una publicación escrita de tipo artesanal (periódico, semanario, revista, etc.).

Posteriormente se procederá a realizar una premiación a los mejores productos, dando prioridad a la creatividad por encima de los recursos, así como a la capacidad crítica y reflexiva de poder trasladar los conocimientos adquiridos. El jurado estará conformado por destacados comunicadores sociales/periodistas con trabajo reconocido en pro de los derechos humanos, líderes defensores de derechos humanos, miembros de la red de escuelas Fe y Alegría y representantes de las comunidades.

Más de 100 jóvenes en el país han sido formados en derechos humanos gracias al programa “Los jóvenes también somos promotores de derechos humanos”, que COFAVIC desarrolla desde hace 3 años en diversas zonas del país y en el cual se encuentra enmarcada la actividad "Más vale derecho conocido que declaración sin conocer".

Celebración en la Embajada de Canadá

2009-03-03T15:47:00.000-04:30

El embajador de Canadá, Perry J. Calderwood, abrió las puertas de su residencia en Caracas para celebrar los 20 años del nacimiento de la organización no gubernamental de derechos humanos COFAVIC. En esta ocasión, Claderwood reconoció la labor de acompañamiento a las víctimas y de fortalecimiento de la democracia que realizan los integrantes de esta ONG.

Aura Liscano, fundadora de la organización, presentó un agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que han colaborado con la misión de COFAVIC desde su nacimiento, entre ellos destacó a las ONG de derechos humanos, las agencias de cooperación internacional y muy especialmente al Gobierno de Canadá.

En el evento estuvieron presentes todos los integrantes de COFAVIC, los activistas del movimiento de derechos humanos en Venezuela, así como los representantes de las misiones diplomáticas de los países europeos.

AN incorpora nuevamente Ley de Cooperación Internacional a su agenda legislativa

2009-03-01T10:47:00.006-04:30

Nuevamente el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional se muestra como una limitación al accionar de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y desarrollo social, después de que la Asamblea Nacional publicara en su agenda la reanudación de la discusión de esta legislación, luego de que fue abrobada en primera discusión el 13 de junio de 2006.

Roy Daza, presidente de la Comisión Permamente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, en declaraciones emitidas al canal de televisión de la Asamblea Nacional, el 11 de marzo de 2009, indicó que la Ley de Cooperación Internacional, entre otros temas, serán los instrumentos que trabajará esta comisión en el ente legislativo. "Todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional pasa bajo la coordinación del Estado", agregó Daza.

Ante este panorama organizaciones no gubernamentales del país se pronunciaron sobre este anteproyecto de ley en el año 2006 y realizaron las siguientes observaciones:

1) Las organizaciones se configuran y actúan bajo el ejercicio del derecho que tiene toda persona a asociarse libremente con fines lícitos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Esto denota la obligación del Estado de "facilitar el ejercicio de este derecho", de acuerdo al artículo 52 de la Constitución. Por lo que sería inconstitucional cualquier regulación lesgilativa que intente realizar el Estado sobre las organizaciones no gubernamentales.

Para las organizaciones de derechos humanos y desarrollo social las únicas limitaciones o restricciones legales al derecho a asociación que resultan aceptables son aquellas que sean necesarias para una sociedad democrática, de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana (artículo 16.2) y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 22.2).

2) En la actualidad las ONG están sujetas al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, que incluye el cumplimiento de deberes y obligaciones en el registro de sus estatutos constitutivos originales, cambios en el resgirto civil, cumplimiento de deberes tributarios, así como obligaciones laborales. Por ende, cualquier regulación especial que pretenda imponer el Estado a las ONG debe estar ajustada tanto a la Constitución, como a los instrumentos internacionales aplicables. Además cualquier iniciativa en esta materia debe previamente ser consultada con la sociedad y comunidades, con el fin de cumplir con el principio de participación directa en los asuntos públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución.

3) La promoción y protección de los derechos humanos representa un derecho constitucional y humano de toda persona, que individual o colectivamente puede ejercer toda persona en los planos nacional e internacional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en el artículo 31 y reconocido en los insterumentos internacionales de derechos humanos. La OEA, a través de diversas declaraciones, ha reiterado su respaldo a la tarea de los defensores de derechos humanos, y de igual forma han "condenado" expresamente "los actores que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de derechos humanos en las Américas".

Más de 90 organizaciones de derechos humanos y desarrollo social que en el año 2006 suscribieron este documento, descrito anteriormente, indicaron en esa oportunidad que "Más y mejor democracia solo serán posibles facilitando la expresión, organización y movilización social".