Un número de 111 organizaciones de la sociedad civil, 14 organizaciones internacionales, 6 redes y 70 personas vinculadas a temas de derechos humanos firmaron un documento a través del cual condenaron la campaña de desprestigio de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, especialmente en contra de organizaciones como Espacio Público y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Además rechazaron la sentencia emitida por la la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No. 769, el 22 de julio de 2010 sobre el caso Asociación Civil Súmate, la cual restringe los derechos de libre asociación.
Este documento se hizo público a través de las solicitudes planteadas en una rueda de prensa por voceros de la sociedad civil, entre ellos Feliciano Reyna, presidente de Sinergia; Rafael Uzcátegui, coordinador del área de investigación de PROVEA; Liliana Ortega, directora de COFAVIC y Pedro Nikken; ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todos ellos coincidieron en el rol fundamental que tienen las organizaciones de la sociedad en el país y en el mundo, para el fomento de la democracia, de la paz y del desarrollo comunitario. Es por esto, que en este espacio, queremos recordar algunas de las palabras pronunciadas por estos defensores de derechos humanos.
En primer lugar, Feliciano Reyna destacó que cuando se pretende silenciar o inhibir la labor de las organizaciones, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que se hace es afectar la vida de millones de personas que no encontrarían como conseguir justicia cuando se violan los derechos humanos, por lo que se está también afectando el derecho de estas personas.
Para Rafael Uzcátegui la política de acoso a las organizaciones no gubernamentales en el país no es un hecho aislado, sino que forma parte del contexto general de criminalización de la protesta.
Es por esto que las organizaciones de la sociedad civil reivindicaron a través de este acto la cooperación internacional, así como el derecho que toda organización tiene a recibir fondos provenientes de estos entes cooperantes para realizar actividades lícitas de apoyo, atención, acompañamiento y formación.
En este sentido, Feliciano Reyna recordó que el informe Democracia y DDHH en Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue hecho público en diciembre del año pasado, le indica al Estado que las organizaciones de la sociedad civil pueden recibir fondos de organizaciones no gubernamentales internacionales, extranjeras o de gobiernos extranjeros para promover los derechos humanos y le recomienda al Estado venezolano tomar todas las medidas para que sus funcionarios no realicen declaraciones que estigmaticen a defensores de derechos humanos o a sus organizaciones de sociedad civil.
Para sustentar la importancia de las organizaciones no gubernamentales, Liliana Ortega recordó el trabajo que éstas han realizado durante décadas en el país y citó casos emblemáticos en los cuales centenares de personas han contado con el apoyo de estas organizaciones: “¿Por qué se supo que los pescadores de El Amparo eran pescadores y no guerrilleros? Gracias a las ONG de Derechos Humanos que pudieron demostrar que esa verdad oficial que se estaba presentando en 1988 no era la realidad… ¿Por qué se supo que durante El Caracazo las muertes ocurrieron en su mayoría, en un 95% dentro de las residencias? Gracias a las organizaciones no gubernamentales que estuvieron recopilando información casa por casa, barrio por barrio”.
Lo que dicen instrumentos internacionales
Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su intervención recordó que la cooperación internacional es una obligación que surge de la Carta de las Naciones Unidas. En este instrumento los Estados se obligan a cooperar entre si para la realización de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos. Por lo que calificó de desalentador que se torpedeé y descalifique una actividad tan importante como lo es la cooperación internacional para los derechos humanos.
“Las relaciones internacionales normalmente tienen lugar entre cancillerías, ministerios, burocracias, en teoría toda esta actividad está dirigida para el bienestar de los pueblos, pero este bienestar tiene que pasar por el colador del interés de los gobiernos y a veces se diluye. Una de las pocas actividades internacionales que llega directamente a la gente es la defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y cuando la cooperación internacional apunta hacia la sociedad civil para que ésta defienda con autonomía e independencia estos derechos y libertades se está poniendo en relieve una de las pocas situaciones en las cuales el derecho y las relaciones internacionales están puestas al servicio de la gente”, agregó Nikken.
