Para familiares de víctimas el Estado venezolano está en mora en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana

Familiares de víctimas de los casos del Caracazo (sucesos del 27 de febrero de 1989), Retén de Catia ocurrido en 1992, así como Blanco Romero y otros (desparecidos durante los deslaves de Vargas en 1999) rechazan el comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en el cual afirmó que el Estado venezolano ha respondido a las observaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha reconocido casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, por considerar que no se ha hecho justicia, pues no hay ni un solo detenido por estas violaciones de derechos humanos.

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que “El Estado venezolano ha venido respondiendo todas las observaciones formuladas por la Comisión, y ha reconocido casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos sobre su territorio (Caracazo, Reten de Catia, Desaparecidos de Vargas), en los cuales ha aceptado su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Para COFAVIC y los familiares de víctimas de estos casos que el Estado responda a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acepte su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica necesariamente que se realice justicia en estas violaciones de derechos humanos, que se cumplan en su totalidad y en el plazo estipulado las resoluciones emitidas por la Corte y que el Estado garantice la no repetición de hechos como estos. Premisas que no se han cumplido luego de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitidas en el año 2002 (caso Caracazo), en el 2005 (caso Blanco Romero y otros por el caso desapariciones forzadas en Vargas) y en el año 2006 (caso Retén de Catia).

Por ello, familiares de víctimas afirman que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representan la última esperanza de realizar justicia en estos casos de violaciones de derechos humanos, así como la oportunidad de ser escuchados por un juez imparcial, frente a la impunidad que representa un común denominador en muchos casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, entre otros ocurridos en Venezuela.