Familiares de las víctimas del Caracazo, agrupados en la ONG Cofavic, acusaron al Estado Venezolano de no acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionaron la postura del Ministerio Público con respecto a las exhumaciones que se están realizando.
Para manifestar su descontento con la forma en que se está realizando el proceso de investigación, los familiares se presentaron en el Cementerio General del Sur. Aunque los funcionarios que resguardaban el lugar les impidieron pasar hasta el sector de La Peste durante casi una hora, lograron acceder. Allí fueron víctimas de insultos y descalificaciones de algunos de los presentes, quienes incluso los calificaron de “golpistas” y “asesinos”.
Aura Liscano, presidenta de Cofavic afirmó que fue una falta de respeto por parte del Ministerio Público no haberlos convocado al proceso de exhumación que se estaba llevando a cabo: “por eso fuimos, para dejarles en claro que existimos”, comentó.
Asimismo, Liscano recordó lo sucedido en 1991 con el caso de Eleazar Mabare, quien fue asesinado durante los sucesos del Caracazo y cuyo cuerpo fue enterrado por sus familiares a los pocos días de haber fallecido. No obstante, la Medicatura Forense aseguró haberlo identificado en La Peste en 1991, por lo que se tuvo que exhumar el cadáver enterrado, para al final comprobar que era el cuerpo perteneciente al joven Mabare.
La presidenta de Cofavic cuestionó fuertemente la decisión del Ministerio Público de situar los restos de las víctimas en Fuerte Tiuna, por tratarse de un espacio militar: “Si los militares fueron los que actuaron el 27 de febrero y los que cometieron los crímenes, cómo van a ser ellos los que custodien las evidencias” denunció.
