Misa en conmemoración de los fallecidos el 27F

Las mujeres fundadoras de COFAVIC celebraron una misa para recordar la memoria de los fallecidos durante El Caracazo. La liturgia se celebró en la Iglesia San Francisco en el centro de Caracas y fue concelebrada por los padres jesuitas Pedro Trigo, Alfredo Infante y Arturo Peraza.

Como cada año, las familiares que integran a COFAVIC alzaron sus oraciones por las víctimas de crímenes contra los derechos humanos, para que se haga justicia en sus casos y para que el Estado cumpla con su deber de evitar que estos hechos se repitan.

Esta ceremonia reunió a todos los familiares que desde el año 1989 unieron esfuerzos para que el caso El Caracazo no quedara impune. Veinte años después, ellos aún exigen que se sancione a los responsables de las muertes de sus seres queridos y que se identifique a los 65 cadáveres que se mantienen en nichos en el sector La Peste del Cementerio General del Sur.

Durante la homilía, el padre Pedro Trigo transmitió un mensaje de esperanza, al resaltar el trabajo de las familiares para encontrar justicia en sus casos y ayudar a otros que transitan por la misma situación. “Estas personas son las que impiden que las balas tengan la última palabra”, dijo en alusión a las mujeres de COFAVIC.

A 20 años del Caracazo...

A 20 años de los hechos del Caracazo, COFAVIC recordará la fecha con una campaña contra la impunidad que se desarrollará durante los 365 días del año 2009, bajo el lema "A 20 años del Caracazo: la justicia es posible y urgente". Esta campaña pretende impedir que estos hechos caigan en el olvido, revalorizar el derecho a la vida e impulsar una agenda nacional por la justicia, que involucre a las víctimas, las ONG, al Estado y a todas y todos los venezolanos.

Parte de esta campaña se desarrollará con diversas actividades. Entre ellas la realización de foros en tres universidades del Distrito Capital y del estado Miranda, bajo el lema “Después de 20 años, la lucha contra la impunidad continúa”, sobre los sucesos de El Caracazo, sus consecuencias en las víctimas, familiares y en el país; así como los alcances de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con especial atención en las garantías de no repetición de los hechos.

Por otro lado, COFAVIC completará un estudio sobre mecanismos de impunidad y efectos psicosociales de las violaciones de derechos humanos , en el cual familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos serán entrevistados para detectar mecanismos de impunidad evidenciados en estos casos, además de recopilar información oficial y hemerográfica sobre el tema.

De igual modo, esta campaña contempla la realización de un concurso para jóvenes denominado "Los jóvenes también somos promotores de derechos humanos", en la cual jóvenes de cuatro colegios Fe y Alegría del Distrito Capital tendrán la oportunidad de recibir talleres formativos sobre derechos humanos y posteriormente reflejar los conocimientos aprendidos en periódicos escolares relacionados con el tema. Finalmente, un jurado, conformado por destacados comunicadores sociales con trabajo reconocido pro derechos humanos, líderes defensores de derechos humanos, miembros de la red de escuela Fe y Alegría, así como representantes de las comunidades, decidirá qué periódico se ajusta más a los contenidos aprendidos

Para COFAVIC esta es una fecha simbólica que invita a recordar los hechos y las víctimas, pero particularmente obliga a continuar la lucha contra la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pues esta impunidad, que todavía rodea los casos de 1989, es la misma que arropa a otros miles de crímenes que han ocurrido durante los últimos 20 años y que han tenido la misma respuesta del Estado: un sistema que re-victimiza a las personas que buscan justicia para sus casos y no castiga a los responsables de estos hechos.

Es por esto, que campañas como la que inicia COFAVIC el 27 de febrero de 2009 simbolizan un llamado en contra de la impunidad y un impulso a la relfexión sobre la situación de derechos humanos en el país.

COFAVIC lanza campaña contra la impunidad

En el marco de la conmemoración de los 20 años del caso El Caracazo, COFAVIC convocó una rueda de prensa para proponer públicamente al Estado venezolano que se organice una coalición para investigar los casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, como El Amparo, El Caracazo, la masacre del Retén de Catia, las desapariciones forzadas de Vargas, la masacre de Vista Hermosa y los hechos de La Paragua.

Liliana Ortega, directora de la organización, recordó que el Estado venezolano no ha investigado los hechos ni ha sancionado a los responsables de los crímenes cometidos durante El Caracazo ni de otros casos ocurridos durante los últimos 20 años. En ese sentido, aseguró que la conformación de esta coalición sería una importante muestra de voluntad política por parte del Estado venezolano para iniciar el camino hacia la justicia. “Es una agenda abierta de casos. Esta coalición debería gozar de la aprobación de todos los sectores del país: no es posible que algún factor democrático se coloque en la acera de enfrente de la verdad y la justicia”, aseguró.

Aura Liscano, fundadora de COFAVIC, anunció que la organización celebrará durante el año 2009 la campaña “La Justicia es urgente y posible”, con la cual COFAVIC pretende impulsar una mayor conciencia en la sociedad venezolana sobre el impacto negativo que tiene la impunidad en una sociedad democrática. Durante esta campaña la ONG celebrará foros y talleres en universidades y colegios; presentará un informe sobre la impunidad en Venezuela; y continuará acompañando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Juez sentencia a funcionario de poli-sucre por ejecución de un estudiante de ingeniería

COFAVIC valora como positiva la sentencia emitida por el Juzgado 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se condenó el día de ayer a Yohan Duarte, funcionario activo de la Policía Municipal de Sucre, por el homicidio del joven Javier Antonio Pasero, estudiante de Ingeniería Electrónica, hecho ocurrido el 1 de agosto de 2003, en el barrio La Lagunita de Filas de Mariche.

En el dispositivo de la sentencia, la jueza Anna Luisa Cirrottola dejó establecido que la víctima nunca sostuvo un enfrentamiento con los funcionarios implicados en el hecho y que fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia policial. Concretamente, el Tribunal determinó que el 1 de agosto de 2003, los funcionarios Yohan Duarte y Gabriel Eduardo Rodríguez acudieron al barrio La Lagunita de Mariches, donde ingresaron a una casa en la que se encontraba Javier Pasero. Le preguntaron si tenía el apodo de un supuesto delincuente al que estaban buscando y el joven respondió que no. Seguidamente, lo detuvieron sin una orden judicial y sin haberlo encontrado en flagrancia cometiendo un delito. Lo sacaron de la vivienda y lo trasladaron a la calle La Ceiba, donde le dispararon en varias oportunidades. Los funcionarios Rubén Curvelo Figueredo y Joel Duque lo trasladaron al Hospital Pérez de León, donde llegó sin signos vitales.

La madre de la víctima, Lesvia Carmona de Bonilla, considera positivo que el Tribunal haya reconocido y establecido que su hijo fue víctima de una violación de derechos humanos y especialmente, que dejara sentado que Javier era una persona valiosa y colaboradora para su comunidad y era apreciado por sus vecinos y sus compañeros de estudio. Sin embargo, considera que la pena es insuficiente para el daño causado a su hijo y a su familia.

A la señora Carmona le preocupa que sea parte del patrón para criminalizar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, las declaraciones de altos funcionarios policiales presentando información falsa e inexacta sobre las víctimas. En su caso, el director de la Policía de Sucre declaró dos días después de los hechos, en el canal de noticias Globovisión, que Javier Pasero “era un azote de barrio”. En ese sentido, desea rectificar esa información al señalar que su hijo era un estudiante brillante de ingeniaría electrónica en el Instituto Universitario Nuevas Profesiones, quien para el momento de su muerte tenía varios proyectos a desarrollar con su padre, quien también es ingeniero y tiene una empresa familiar dedicada a la producción de equipos electrónicos, hecho demostrado durante el debate en el juicio.

Al comprobar estos hechos, el Tribunal dictaminó con respecto al funcionario municipal Yohan Duarte, único acusado en este proceso (aunque no es el único implicado), que es culpable de los delitos homicidio calificado por motivos fútiles en grado de complicidad correspectiva; y por uso indebido de arma de fuego, ambos previstos en los artículos 406 (ordinal 1) y 281 (en concordancia con el art. 87) del Código Penal, respectivamente. La pena de prisión que deberá cumplir es de nueve años.

COFAVIC, organización de derechos humanos que hizo acompañamiento psico-social y jurídico a la familia de la víctima durante el desarrollo del juicio, considera positivo que en la decisión la jueza haya ordenado iniciar una investigación a los otros tres funcionarios de la Policía de Sucre que participaron en el operativo policial, desplegado el día que fue asesinado Javier Antonio Pasero. Estos son Leonardo Vegas Palacios, Rubén Curvelo Figueredo y Joel Duque Zambrano.

Además de estos tres agentes, Gabriel Eduardo Rodríguez, el otro policía implicado, no fue juzgado durante este juicio debido a que salió del país en abril de 2006, dos años después de que la Fiscalía 83 del Área Metropolitana de Caracas presentara la acusación de este caso ante el Tribunal 26 de Control del Área Metropolitana de Caracas, el 25 de mayo de 2004. Este último juzgado aceptó la acusación, pero rechazó la solicitud fiscal de acordar una medida preventiva privativa de libertad de ambos imputados. Esta decisión permitió que el agente Gabriel Eduardo Rodríguez evadiera el proceso judicial donde se determinaría su participación en el hecho.

La señora Lesvia Carmona de Bonilla y su familia impulsaron el proceso penal desde su inicio, creyendo con firmeza en que la justicia llegaría. Ella señala que “no existe otra manera de buscar justicia, sino impulsando el caso activamente”.

Para los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos es indispensable que se determine la verdad de lo sucedido. Este es un derecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido, tal como la obligación del Estado de emprender investigaciones serias e imparciales.

PROVEA presentó balance anual sobre situación de derechos humanos en el país

El 10 de diciembre de 2008 en el marco de la celebración de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la organización no gubernamental Programa Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA) presentó su Informe Anual, que abarca un análisis de la situación general de derechos humanos en el país, desde octubre de 2007 a septiembre de 2008.

En este documento PROVEA destacó como positivo “la continuidad de políticas de inclusión social en el sector educativo; avances en el derecho a la alimentación y crecimiento del consumo en los sectores de menores recursos; una reducción del número de manifestaciones reprimidas a pesar de que este año se produjo la mayor cantidad de movilizaciones en los últimos 10 años; el Decreto Especial de Amnistía para varios presos y perseguidos políticos; la promulgación de la Ley de Policía Nacional; una mayor voluntad de la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir la impunidad los graves y numerosos delitos donde aparecen involucrados funcionarios policiales; la creación de una Defensoría Delegada Especial con competencia nacional en el área de protección de los derechos del adulto y de la adulta mayor; así como también una mayor apertura de la Defensoría del Pueblo (DP) para dialogar y aunar esfuerzos con las organizaciones de derechos humanos”.

Por otro lado, Provea señaló dentro de los retrocesos en la situación general de derechos humanos lo siguiente: la delicada situación del derecho a la vida en Venezuela, con topes históricos de vulneración de ese derecho: con un total de 247 (*) víctimas principalmente bajo la modalidad de ejecuciones, además constató un incremento importante de las violaciones a este derecho perpetradas por organismos de seguridad del Estado o la Fuerza Armada, lo cual ha sido implícitamente reconocido por la Fiscalía General de la República. Adicionalmente PROVEA destacó la persistencia del alto número de personas asesinadas en las cárceles del país con un saldo de enero a octubre del 2008 de 390 muertes. A ese cuadro la organización le suma el incremento de los homicidios en el país por la inseguridad existente y la falta de capacidad del gobierno para abordar de manera efectiva los graves problemas de inseguridad ciudadana y su negativa a promover un diálogo nacional para abordar la situación.

De igual forma, el informe registró un total de 10.606 homicidios de enero a septiembre de 2008, lo que representa un aumento del 10,86% con relación al mismo periodo del año pasado. Finalmente en cuanto al derecho a la vida hay que destacar la persistencia del sicariato contra campesinos y miembros de organizaciones sindicales.

En el campo de los derechos sociales PROVEA cuestionó el incumplimiento de las metas en el derecho a la vivienda y la falta de continuidad en la gestión del ministerio; la mora, por otro año, en la creación de la institucionalidad de la seguridad social; la dilación legislativa por octavo año consecutivo de la Asamblea Nacional (AN) para promulgar la ley de salud y la ley de pensiones; y el aumento de las importaciones de alimentos que vulnera la seguridad y soberanía alimentaria.

Marino Alvarado, coordinador general de Provea afirmó que el informe apunta ciertos estancamientos y algunas situaciones del contexto nacional no favorables a los derechos humanos. Por lo que agregó “Estamos dispuestos a reunirnos y aportar nuestra experiencia a las autoridades para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela para alcanzar su plena vigencia”.

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Lea el Informe Anual 2008 de la situación de derechos humanos en Venezuela de PROVEA.

Fuentes:

PROVEA presentó su Informe Anual 2008: persisten graves déficits en materia de derechos humanos. Nota de prensa publicada por PROVEA el 9 de diciembre de 2008.

El Universal. PROVEA acusa al Gobierno de no garantizar el derecho a la vida. Miércoles 10 de diciembre de 2008. Periodista: Juan Francisco Alonso.

El Nacional. PROVEA denuncia estancamiento de políticas sociales del Gobierno. Miércoles 10 de diciembre de 2008. Periodista: Édgar López. Nación/2.