Tribunal de Vargas condenó a funcionario de la DISIP por desaparición forzada

El Tribunal Tercero de Juicio del estado Vargas condenó a cumplir 15 años de prisión a un funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Perevención (DISIP), por la desaparición forzada de Oscar Blanco Romero y Marcos Monasterios, delito previsto en el artículo 180-A del Código Penal. Estos hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 1999, durante un operativo desplegado por fuerzas de seguridad del Estado en el sector Valle del Pino, días después del desastre natural conocido como la tragedia de Vargas.

El Tribunal Tercero también consideró que no había suficientes elementos para condenar a otro funcionario retirado de la DISIP, quien para el momento del operativo era el responsable del pelotón que se desplegó en Vargas y por lo cual, el Ministerio Público lo había acusado por encubrimiento del delito de desaparición forzada, previsto también en el artículo 180 del Código Penal.

Durante las 9 audiencias de juicio quedó demostrado a través de evidencias y declaraciones de testigos, entre los cuales se encontraban funcionarios de la DISIP, del Ejército y familiares de las víctimas, que el día 21 de diciembre de 2009 funcionarios del Ejército detuvieron a Oscar Blanco Romero y a Marco Monasterios y que posterior a esto pasaron la custodia de los detenidos a los funcionarios de la DISIP. Desde ese día y hasta la fecha, estas personas han permanecido desaparecidas sin que ningún funcionario de los que participó en el operativo haya informado del paradero de las víctimas.

Las familiares, pero muy especialmente Gisela Romero e Irma Pérez de Monasterio, madres de las víctimas, solicitaron al Tribunal durante la audiencia final que se determine el paradero de sus hijos desaparecidos y se termine con esta zozobra que han vivido durante los últimos diez años.

Alejandra Iriarte de Blanco y Gisela Romero, esposa y madre, respectivamente, de Oscar Blanco Romero, denunciaron la desaparición ante la Fiscalía Superior de Vargas el 24 de enero de 2000. Iriarte de Blanco introdujo con el acompañamiento de las organizaciones COFAVIC, la Red de Apoyo, Provea y Vicaría de Caracas, un habeas corpus ante el tribunal Quinto de Control de Vargas, el cual fue declarado sin lugar.

El 14 de septiembre de 2001, la Fiscalía presentó un escrito de acusación por desaparición forzada, ante los tribunales de Vargas, contra dos funcionarios de la DISIP. Un año después, el juzgado Quinto de Control decretó el sobreseimiento de la causa.

Entre febrero de 2003 y julio de 2006 la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia conocieron el caso. Finalmente el 26 de enero de 2009 se inició el juicio oral y público durante el cual resultó condenado uno de los funcionarios acusados.

Mientras este juicio se desarrollaba en instancias internas, familiares de las víctimas, con el acompañamiento de COFAVIC, la Vicaría de Caracas y el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (Cejil), presentaron el 3 de marzo de 2000, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la desaparición forzada de Oscar Blanco Romero, Roberto Hernández Paz y José Francisco Rivas.

El 28 de noviembre de 2005, la Corte Interamericana ordenó al Estado venezolano investigar los hechos y sancionar a los responsables; adoptar las medidas necesarias para localizar a los desaparecidos; indemnizar a las víctimas, entre otras medidas de reparación y no repetición de estos hechos.

COFAVIC reconoció la labor de jóvenes promotores de derechos humanos

El concurso "Los jóvenes también somos promotores de derechos humanos" realizado por COFAVIC con estudiantes de cuatro colegios Fe y Alegría, entre marzo y mayo de 2009, llegó a su fin. Un total de 31 jóvenes mostraron sus habilidades periodísticas a través de cuatro periódicos escolares, en los cuales plasmaron la realidad de las comunides de catia, La Rinconada, La Vega y Antímano, desde una perspectiva de derechos humanos.

El colegio Madre Cecilia Cros de Catia se llevó el primer lugar del concurso, pues usando un lenguaje ajustado al colegio y a su comunidad realizó el periódico Info Escolar con perspectiva de derechos humanos.

El segundo lugar de la premiación fue otorgado al periódico realizado por el colegio Fe y Alegría de La Rinconada llamado La Realidad, el tercero para el colegio Andy Aparicio con el periódico El Humanista, ubicado en La Vega; y el cuarto lugar también para el periódico El Humanista, pero del colegio Prisco Villasmil, ubicado en Antímano. Sin embargo, para COFAVIC los cuatro colegios de Fe y Alegría que participaron en el concurso son ganadores, pues se convirtieron en aliados de la promoción y defensa de los derechos humanos.

Dentro de la premiación se incluyó un reconocimiento especial al mejor reportaje, que fue otorgado a un estudiante de Fe y Alegría de La Rinconada, quien realizó un trabajo periodístico titulado Premio Príncipe de Asturias llega a Las Mayas: Sistema Nacional de Orquestas Juveniles en Venezuela. En este reportaje se describe el logro que ha realizado este sistema de orquestas y lo califica como “…un escape a un mundo mágico donde la violencia no existirá jamás”.

Tanto el grupo de jurados como el equipo COFAVIC agradecieron a todos los Colegios participantes: Colegio Fe y Alegría (La Rinconada), Colegio Andy Aparicio (La Vega), Madre Cecilia Cros (Catia) y al Colegio Prisco Villasmil (Antímano) el respaldo mostrado por sus estudiantes, así como su compromiso con el tema de derechos humanos pues, de no ser así, este concurso no se hubiese transformado en una realidad.

ONG denuncian que declaraciones de la presidenta de la CIDH buscan debilitar el Sistema Interamericano

Las organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos y de desarrollo agrupadas en las redes “Foro por la Vida”, “SINERGIA” y Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, respectivamente, dirigieron hoy una carta a la actual Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la abogada Luz Patricia Mejía, rechazando categóricamente las declaraciones emitidas por ella ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, sobre el capítulo IV relativo a Venezuela, contenido en el informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la pertinencia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH).

El Estado venezolano ha venido debilitando sistemáticamente la tutela que ofrece el sistema interamericano de derechos humanos, al desacatar abiertamente las sentencias y las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), emitir jurisprudencia interna restrictiva de los derechos humanos y del alcance del sistema interamericano en el contexto interno; al no reconocer la procedencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; al evitar la realización de una visita in loco reiteradamente solicitada por ésta al Estado venezolano; y al fomentar y desarrollar una campaña permanente de descredito en contra de la CIDH, la CorteIDH, los abogados y organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos usuarias del sistema interamericano.

En este contexto se realizaron las declaraciones de la Comisionada Mejía, durante una entrevista ofrecida a la cadena internacional estatal Telesur, en las que emite opiniones no apropiadas a una experta independiente en materia del sistema internacional de derechos humanos, sumándose a la campaña de descalificación contra el organismo promovido por el gobierno venezolano.

Las ONG firmantes lamentaron profundamente que la actual Presidente de la Comisión Interamericana se sume a esta política del Estado venezolano y descalifique abiertamente el trabajo de la Comisión Interamericana. Por lo que consideraron preocupante, por su nacionalidad venezolana, la clara intromisión de la abogada Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los asuntos que este órgano está llevando sobre Venezuela, dado que el artículo 17 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los miembros de la CIDH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de los casos o análisis de las situaciones de sus países.

Para familiares de víctimas el Estado venezolano está en mora en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana

Familiares de víctimas de los casos del Caracazo (sucesos del 27 de febrero de 1989), Retén de Catia ocurrido en 1992, así como Blanco Romero y otros (desparecidos durante los deslaves de Vargas en 1999) rechazan el comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en el cual afirmó que el Estado venezolano ha respondido a las observaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha reconocido casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, por considerar que no se ha hecho justicia, pues no hay ni un solo detenido por estas violaciones de derechos humanos.

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que “El Estado venezolano ha venido respondiendo todas las observaciones formuladas por la Comisión, y ha reconocido casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos sobre su territorio (Caracazo, Reten de Catia, Desaparecidos de Vargas), en los cuales ha aceptado su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Para COFAVIC y los familiares de víctimas de estos casos que el Estado responda a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acepte su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica necesariamente que se realice justicia en estas violaciones de derechos humanos, que se cumplan en su totalidad y en el plazo estipulado las resoluciones emitidas por la Corte y que el Estado garantice la no repetición de hechos como estos. Premisas que no se han cumplido luego de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitidas en el año 2002 (caso Caracazo), en el 2005 (caso Blanco Romero y otros por el caso desapariciones forzadas en Vargas) y en el año 2006 (caso Retén de Catia).

Por ello, familiares de víctimas afirman que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representan la última esperanza de realizar justicia en estos casos de violaciones de derechos humanos, así como la oportunidad de ser escuchados por un juez imparcial, frente a la impunidad que representa un común denominador en muchos casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, entre otros ocurridos en Venezuela.

Familiares solicitaron a la Fiscalía celeridad en investigaciones de ejecuciones extrajudiciales en Anzoátegui

El Comité de Familiares y Víctimas de Atropellos Policiales y Militares del estado Anzoátegui (COFIVANZ) acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar la situación de impunidad de más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales, ocurridos en Anzoátegui desde el año 2000.

Las integrantes del Comité se entrevistaron con Mariela Hurtado, funcionaria de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, a quien solicitaron formalmente la designación de un número mayor de fiscales con competencia en derechos humanos para el estado Anzoátegui, pues las fiscalías responsables están sobrecargadas por la gran cantidad de casos.

Las denunciantes aseguraron que la Fiscalía 19 de Anzoátegui está encargada de la mayoría de los casos de derechos humanos, que según se reseña en el Informe Anual del Ministerio Público son 674 desde enero del año 2000 hasta noviembre de 2007. Así mismo, solicitaron que se active el trabajo de la Fiscalía 68 con Competencia Nacional, la cual fue designada para las investigaciones de estos casos en esa región y hasta la fecha no ha cumplido con ese mandato.

Melquiades Villarroel, madre de Rafael Leonardo Villarroel, estudiante de ingeniería electrónica, quien fue víctima de violación del derecho a la vida, aseguró que mientras exista impunidad, estos hechos se volverán a repetir una y otra vez. “Para nadie es un secreto que en el estado Anzoátegui, como en otros estados, los ciudadanos somos víctimas de los cuerpos policiales, pues el Estado se protege con un antifaz de ley y los funcionarios se prestan para cualquier uso y lo digo con toda responsabilidad como víctima, porque he perdido a mi hijo y unos sobrinos en el caso que ocurrió en el 2001 en la ciudad del Tigre, nombrado como la masacre del Cincuentenario” afirmó Villarroel.

Según el Informe del año 2007 del Ministerio Público, en el estado Anzoátegui se ha registrado un total de 731 víctimas de ajusticiamientos desde enero de 2000 hasta noviembre de 2007, hechos en los cuales se encuentran involucrados 1.597 funcionarios policiales. La Fiscalía solo ha imputado a 306 funcionarios y ha acusado a otros 103.