Corte Interamericana requiere al Estado venezolano que brinde pleno acceso y capacidad de actuar a familiares de víctimas en proceso de exhumaciones

La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió el día de hoy, mediante una resolución de cumplimiento de sentencia, al Estado venezolano que se le brinde pleno acceso y capacidad de actuar a los familiares de víctimas y a las víctimas sobrevivientes en todas las etapas e instancias de la investigación, así como en el proceso de exhumaciones, preservando las garantías de seguridad y aplicando técnicas e instrumentos idóneos que no dejen sombra de duda, tal como lo estableció la sentencia emitida por este organismo el 29 de agosto de 2002.

Este pronunciamiento de la Corte Interamericana se realiza en respuesta a la comunicación que envío el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) el pasado 15 de septiembre de 2009, relacionada con las diligencias adelantadas por el Ministerio Público en el caso del Caracazo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que ha establecido jurisprudencia en la región, específicamente en casos de ejecuciones extrajudiciales, en la cual ha establecido que “…El Estado deberá adoptar una investigación seria, imparcial y efectiva de lo acaecido” y que además ha establecido que de manera más específica en relación con la realización de exhumaciones de restos humanos y el proceso de identificación técnica de los mismos que “autopsias y análisis de restos humanos se deben realizar en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados”.

Asimismo, la Corte agregó que “...para realizar las referidas diligencias en aras de procurar y garantizar la adecuada localización, exhumación identificación, custodia y preservación de los restos de las víctimas, así como su entrega a los familiares, y los elementos probatorios para la debida investigación y eventual sanción a los responsables, el Tribunal considera que el Estado debe hacer uso de los medios técnicos idóneos, y que las personas que llevan a cabo estas acciones deberán tener competencia profesional, objetividad, independencia e imparcialidad de los organismos que intervengan en el desarrollo de dichas actuaciones”.

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano que le envíe, en un plazo de cinco días, un informe sobre las diligencias realizadas en relación con el proceso de exhumaciones e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo y la participación de los familiares en dichas diligencias.

COFAVIC SE HACE PRESENTE EN LA PESTE Y RECLAMA JUSTICIA A LAS AUTORIDADES

Familiares de las víctimas del Caracazo, agrupados en la ONG Cofavic, acusaron al Estado Venezolano de no acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionaron la postura del Ministerio Público con respecto a las exhumaciones que se están realizando.

Para manifestar su descontento con la forma en que se está realizando el proceso de investigación, los familiares se presentaron en el Cementerio General del Sur. Aunque los funcionarios que resguardaban el lugar les impidieron pasar hasta el sector de La Peste durante casi una hora, lograron acceder. Allí fueron víctimas de insultos y descalificaciones de algunos de los presentes, quienes incluso los calificaron de “golpistas” y “asesinos”.

Aura Liscano, presidenta de Cofavic afirmó que fue una falta de respeto por parte del Ministerio Público no haberlos convocado al proceso de exhumación que se estaba llevando a cabo: “por eso fuimos, para dejarles en claro que existimos”, comentó.

Asimismo, Liscano recordó lo sucedido en 1991 con el caso de Eleazar Mabare, quien fue asesinado durante los sucesos del Caracazo y cuyo cuerpo fue enterrado por sus familiares a los pocos días de haber fallecido. No obstante, la Medicatura Forense aseguró haberlo identificado en La Peste en 1991, por lo que se tuvo que exhumar el cadáver enterrado, para al final comprobar que era el cuerpo perteneciente al joven Mabare.

La presidenta de Cofavic cuestionó fuertemente la decisión del Ministerio Público de situar los restos de las víctimas en Fuerte Tiuna, por tratarse de un espacio militar: “Si los militares fueron los que actuaron el 27 de febrero y los que cometieron los crímenes, cómo van a ser ellos los que custodien las evidencias” denunció.

Disponible en: http://www.eluniversal.com/2009/09/22/pol_art_en-medio-de-criticas_1581026.shtml

Familiares de víctimas del Caracazo llevaron solicitudes a La Peste

El pasado lunes 21 de septiembre de 2009 el Ministerio Público inició un proceso de exhumaciones de los restos que se encuentran en nichos desde 1990, pertenecientes a víctimas del Caracazo, según lo informado por el organismo en una nota de prensa. Una decena de familiares de víctimas agrupadas en COFAVIC se acercó al sector La Peste, en el Cementerio General del Sur, para observar el proceso de exhumaciones y plantear sus solicitudes.

A los largo de más de nueves cuadras de camino empinado pasaron aproximadamente cinco alcabalas militares, en las que se encontraron con funcionarios de la Guardia Nacional.

A mitad de camino, ya cuando iban a pasar la sexta alcabala, Guardias Nacionales les impidieron el paso. Estas madres, hermanas, esposas e hijas se sentaron a la espera del permiso, pues su deseo inquebrantable de justicia no iba a ser arrebatado por militares.

Una vez, en el sector La Peste, la decena de mujeres familiares de víctimas comenzaron a visualizar los nichos que custodiaron en 1990 y a un lado estaba un gran toldo de color blanco, con muchas sillas vestidas de color azul debajo del mismo, la evidencia de que un gran acto estaba ocurriendo. Hilda Páez con rabia, impotencia y dolor emitió un grito que se escuchó en toda La Peste: “Nosotros sí somos los verdaderos familiares”.

Ibelice Rodríguez Caminero, hija de Elsa Caminero, quien murió en el Caracazo, se unió al grito y junto con Páez desplegó una pancarta que decía: “Cofavic, las víctimas 20 años presentes. Exhumaciones independientes”.

Los medios de comunicación presentes en el lugar rodearon a Yris Medina y a Aura Liscano, las portavoces del grupo de familiares agrupados en COFAVIC, quienes afirmaron que no habían sido tomadas en cuenta por el Ministerio Público al no ser incluidas en el proceso de exhumaciones y al no escuchar sus peticiones como la de solicitar la participación del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) para la identificación de los restos de sus familiares.

Yris Medina, como esposa de Wolfang Quintana, quien murió dentro de su casa por un disparo de FAL durante los sucesos del Caracazo, el 2 de marzo de 1989, agregó que los familiares de COFAVIC han solicitado al Ministerio Público que los restos de las víctimas no sean colocados en Fuerte Tiuna, sede de la jurisdicción militar, y custodiados por militares, pues no se desarrollaría una investigación independiente y constituiría una ofensa para los familiares de las víctimas, pues los responsables de la mayoría de las muertes fueron funcionarios militares y policiales, según quedó establecido en al sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2002.

Luego de transmitir el mensaje las familiares de víctimas del Caracazo decidieron retirarse.

CORTE-IDH EXIGE A VENEZUELA INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE EXHUMACIONES

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado Venezolano información sobre el proceso de exhumaciones de los restos de las víctimas del Caracazo, en un plazo que se extiende hasta el próximo lunes 21/09/09.

En una nota de prensa, el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) indicó que la exigencia de la Corte se basa en un pronunciamiento realizado por los familiares de las víctimas “por considerar que lo adelantado por el Ministerio Público contradice abiertamente lo dispuesto en las sentencias del 11 de noviembre de 1999 y del 29 de agosto de 2002, emitidas por la Corte-IDH dado que excluye del proceso a las víctimas y sus representantes, y se aplican procedimientos que lesionan la independencia plena de la investigación”, según señala el comunicado.

Cofavic expresó además que el modo en que se están desarrollando las investigaciones deja dudas de la confiabilidad del proceso, puesto que autoridades militares que podrían tener “graves responsabilidades en varios de los casos del Caracazo” sean las dispuestas por la Ministerio para resguardar la poca evidencia que queda 20 años después de los hechos.

Ante esto, familiares manifestaron que no están dispuestos a recibir restos óseos de las víctimas si no son sometidos a exhaustivas investigaciones de peritos independientes, como lo son los que conforman el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Disponible: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/09/19/default.asp?cfg=1328FKBF914&iu=1640
http://www.eluniversal.com/2009/09/19/pol_art_corte-idh-exige-al-e_1578220.shtml

Restos del Caracazo debn ser analizados por organismos independientes

El presidente del equipo de antropología forense argentino, Luis Fondebrider explicó, en una entrevista con el diario El Nacional, la necesidad de que los familiares de las víctimas del Caracazo sean partícipes directos en las investigaciones que se están llevando a cabo por el Ministerio Público y resaltó la importancia que tiene la independencia en todo el proceso de identificación de los restos.

Fondebrider explicó que es crucial el trabajo conjunto con los familiares de las víctimas y las organizaciones que los agrupan, como es el caso del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), especialmente cuando se trata de un asunto político como el Caracazo.

Miembros de Cofavic han manifestado la suspicacia que les produce el hecho de que los restos sean trasladados a Fuerte Tiuna, por tratarse de un recinto militar, a esto, Fondebrider explicó que “Los restos nunca deberían llevarse a un sitio militar. El estudio no puede hacerse en secreto. El lugar de análisis de los cuerpos debe ser autónomo e independiente de las partes implicadas en los hechos para que brinde garantías a los familiares”, comentó.

No obstante, la Fiscalía General de la República descartó la participación de este reconocido equipo forense, aún cuando han sido ellos los encargados de recuperar restos de violaciones de derechos humanos en 40 países y fueron los identificadores de los restos de Ernesto “Ché” Guevara. El equipo forense argentino participó también en el análisis de lo ocurrido en el Caracazo en noviembre de 1990.

Disponible en: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/09/12/default.asp?cfg=2814BCLK2400&iu=1640