Movimiento de derechos humanos rechazó la expulsión de integrantes de Human Rigths Watch

El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, en un comunicado emitido el 19 de septiembre de 2008, rechazó contundentemente la intolerancia, el atropello y la expulsión de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director y subdirector ejecutivo de la división Américas de Human Rights Watch, ocurrida la noche del día 18 de septiembre de 2008. Hecho que ocurrió luego de la presentación del Informe “Una década de Chávez, intolerancia política y oportunidades pérdidas para el progreso del los Derechos Humanos en Venezuela”.

Con este documento el Foro por la Vida expresó su solidaridad con la organización Human Rights Watch y sus integrantes. Además indicó que la defensa y promoción de derechos humanos en Venezuela resulta gravemente afectada por este hecho lamentable que desconoce las obligaciones internacionales del Estado venezolano en la materia. Y las organizaciones firmantes agregaron que el deber del Estado era atender al contenido y recomendaciones del informe y promover un diálogo respetuoso con el conjunto de la sociedad venezolana.

"La soberanía nacional tiene como límite el alcance y contenido del derecho internacional de los derechos humanos. Constituyen una obligación para toda persona velar y promover su alcance y contenido sin distinción de frontera alguna, de acuerdo a lo establecido en los pactos, convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y tratados de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos", indicaron las organizaciones firmantes de este comunicado.

Por último, el Foro por la Vida rechazó la criminalización y descalificación del Movimiento de derechos humanos; por considerar que desde hace mas de 20 años de manera continuada, independiente rlas organizaciones del movimiento realizan un seguimiento de las violaciones de derechos humanos, promocionan su vigencia, acompañan a las víctimas sin discriminación alguna, realizan propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento de una política pública de resguardo a la democracia, la institucionalidad y la justicia.

Organizaciones firmantes integrantes del Foro por la Vida:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Caritas de Venezuela, Caritas Los Teques, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE), Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC), Espacio Público, Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, Observatorio Venezolano de Prisiones, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas.
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Lea el comunicado completo del Foro por la Vida en el boletín "Derechos Humanos y Coyuntura" de la ONG PROVEA.

Informe de HRW se pronuncia sobre funciones del TSJ

Human Rigth Watch (HRW) en su informe denominado "Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los Derechos Humanos en Venezuela" , presentado en el país el 18 de septiembre de 2008, denunció la neutralización del poder judicial como poder independiente. A juicio de esta organización, el Tribunal Supremo de Justicia ha abdicado su rol de control de las acciones arbitrarias del Estado y garante de las libertades públicas.

En un resumen del informe anteriormente citado, publicado en la edición digital del diario El Universal, se señala que Human Rigth Watch denunció que en el 2004, con la Ley Orgánica Tribunal Supremo de Justicia se permitió copar al máximo tribunal con aliados del gobierno, por lo que se destituyeron y designaron a cientos de jueces de tribunales inferiores.

De igual forma, este resumen indica lo siguiente: ".. Desde que se modificó significativamente la composición del Tribunal Supremo a favor del gobierno, el máximo tribunal ha respondido a las medidas del gobierno que amanezas los derechos fundamentales, en general, con pasividad y aquiescencia". Por ende, Human Rigth Watch en dicho informe recomienda que se adopten medidas para revertir el daño causado por la ley de 2004 y que luego de las elecciones legislativas a raealizarse en el año 2010, la Asamblea Nacional debería intentar restablecer la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia, a través de entre otros mecanismos, un proceso único de ratificación con una mayoría de dos tercios de los votos para cada uno de los magistrados que desempeñan cargos desde la sanción de la ley, en el 2004.

Fuentes:

El Universal. HRW: Gobierno de Chávez ha debilitado la democracia y los ddhh en Venezuela. 18 de septiembre de 2008. http://www.eluniversal.com/2008/09/18/pol_ava_hrw:-gobierno-de-cha_18A1996603.shtml
El Universal. Resumen del informe presentado por Human Rigth Watch. http://politica.eluniversal.com/2008/09/23/pol_esp_resumen-del-informe_23A2008645.shtml

Sobrevivientes de El Amparo demandan justicia

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunció la impunidad que ha caracterizado al caso de El Amparo, cuando se cumplen casi 20 años de estos hechos, en los cuales fueron asesinados 14 pescadores, por miembros del extinto Comando Específico José Antonio Páez (Cejap) en El Amparo, Apure.

Los sobrevivientes de estos acontecimientos, Wollmer Pinilla y José Gregorio Arias, acompañados por Marino Alvarado, coordinador general de PROVEA, acudieron al Ministerio Público para solicitar que se vuelva a abrir el caso. Alvarado afirmó que esta investigación no debería ser tan complicada o engorrosa como la de los sucesos de febrero y marzo de 1989, conocidos como El Caracazo. La razón válida para Alvarado, sobre la cual sutenta este argumento es que "En El Amparo se sabe quiénes actuaron, porque la justicia militar los identificó, sólo faltan los autores intelectuales".

PROVEA, en diversas oportunidades ha señalado a posibles involucrados en estos hechos de El Amparo, como el ex jefe del Cejap, el general (r) Humnerto Camejo Arias; jefe de opraciones del Cejap, coronel Enrique Vivas Quintero; el comisario de la policía política Henry López Sisco; y el capitán de navío (r) Ramón Rodríguez Chacín, actual Ministro del Interior. Estos dos últimos ex funcionarios fueron señalados en una resolución de la Corte Marcial, en 1994, organismo que emitió una orden de arresto contra estas dos personas y otros oficiales, pro su presunta participación en la planificación de los llamados "amparitos", las cuales fueron unas masacres previas a la del Amparo y que ocurrieron en 1988.

Para Marino Alvarado, de acuerdo con declaraciones brindadas al diario El Universal, la masacre fue planificada para justificar la existencia del Cejap. "Por esa época se habló de la posibilidad de eliminar ese grupo, porque no era eficiente, pero de repente comenzaron a informar sobre grandes operaciones antiguerrilleras. Claro en ninguna hubo supervivientes, pero en El Amparo sí, y gracias a la valentía de Pinilla y Arias hoy sabemos lo que ocurrió en realidad" afirmó Alvarado.

Fuentes:

El Universal. Sobrevivientes de la masacre de El Amparo demandan justicia. Fecha: 20 de agosto de 2008. Periodista: Juan Francisco Alonso.

OVP reivindica el derecho al trabajo de privados de libertad

El Observatorio Venezolano de Prisiones, conjuntamente con el Programa de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y la Asociación de Abogados Laborales de Venezuela elevaron una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 7 de agosto de 2008, relancionado con la reivindicación del derecho al salario mínimo para personas privadas de libertad de 32 centros penitenciarios y 14 anexos del país.

Humberto Prado de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones calcula que 4500 presos laboran como jardineros, cocineros, macheteros, mecánicos y panaderos, entre otros oficios que ejercen en los distintos centros de reclusión. Por este trabajo estas personas privadas de libertad reciben al día un bolívar fuerte, cantidad que se les paga al final del año, lo que suma un total de 400 mil bolívares fuertes.

Por esta razón, Prado en conjunto con las organizaciones anteriormente citadas solicitaron ante el Tribunal Supremo de Justicia regularizar la situación laboral de la población penitenciaria, al soliictar que se les cnacele un salario mínimo y seguridad social.

Fuente: Tal Cual. Por el derecho al trabajo. Martes 19 de agosto de 2008. Página 7. Periodista: Patricia Clarembaux.

CIDH admite petición en caso de ejecución extrajudicial ocurrida en Falcón

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de Néstor Uzcátegui, ocurrida en el estado Falcón, así como con atentados contra la libertad e integridad personal sufridos por Luis y Carlos Uzcátegui, hermanos de la víctima.

Esta petición fue presentada ante este organismo internacional en marzo de 2007 por el Comité de familiares de víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Dr.Carlos Ayala Corao, en representación de las víctimas.

El 1 de enero de 2001, Néstor Uzcátegui, de 21 años, fue ejecutado extrajudicialmente presuntamente por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón, al irrumpir sin orden de allanamiento a la vivienda de este joven, quien se encontraba en estado de indefensión y sin oponer resistencia. En estos hechos resultaron detenidos por 24 horas los hermanos del joven, Luis y Carlos Uzcátegui (menor de edad para el momento de los hechos), quienes presenciaron los hechos. Sin embargo, no existía orden judicial que justificara esta medida.

Luis Uzcátegui, hermano de la víctima, ha sufrido detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, maltratos físicos, amenazas de muerte, allanamientos ilegales a su residencia, entre otras violaciones, como consecuencia de su actividad para obtener justicia por la ejecución de su hermano, específicamente al convertirse en defensor de derechos humanos e integrante de un comité de víctimas en el estado Falcón.

Estos hechos de agresión y amenaza contra Luis Uzcátegui se encuentran en etapa de investigación desde el año 2001, sin que hayan resultado imputadas las personas presuntamente responsables. Por estos hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2002, otorgó medidas cautelares a favor de Luis Uzcátegui y posteriormente este organismo solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas provisionales, lo cual se concretó en noviembre de 2002. Estas medidas han sido ratificadas por la Corte en tres ocasiones, siendo la última el 4 de mayo de 2005.

Fuente: Nota de prensa difundida por COFAVIC. Publicado el 9 de agosto de 2008 en: El Universal. CIDH tramitará un caso sobre ejecución extrajudicial. Periodista: Juan Francisco Alonso.