Las autoridades venezolanas deberán informarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de las acciones emprendidas con respecto a la investigación y sanción de los responsables en los hechos del 27 de noviembre de 1992, conocidos como la masacre del retén de Catia.
Para el próximo 30 de septiembre se fijó la audiencia oral, en la que los funcionarios venezolanos deberán explicar las diligencias realizadas para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de la Corte-IDH en julio de 2006.
En el fallo, la Corte-IDH ordenó al Estado venezolano juzgar a los responsables de la masacre, ubicar los restos de los reos ajusticiados y adoptar las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles en Venezuela se adecúen a los estándares internacionales, así como entrenar y capacitar a los cuerpos de seguridad para que sean garantes del derecho a la vida.
No obstante, ninguno de estos puntos ha sido cumplido. Tan sólo en el año 2008, 498 reos murieron de formas violenta en cárceles del país, de acuerdo con datos aportados por el Observatorio Venezolano de Prisiones.
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