(Caracas, 09.09.09) El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela, desea expresar su preocupación por la cadena de acontecimientos acaecidos en las últimas semanas, que vulneran el trabajo que realizan los defensores y defensoras en derechos humanos y lesionan diferentes garantías para su pleno ejercicio, establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El pasado 27.08.09 José Urbano, presidente de la ONG Prodefendesa del Derecho a la Educación, denunció un intento de homicidio en su contra, cuando se desplazaba en moto, en horas de la noche, por una autopista de la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Según el relato de la víctima fue interceptado por dos personas desconocidas, quienes también transitaban en una moto por dicha arteria vial, y uno de ellos gritó “ese es el tipo, mátalo”, tras lo cual Urbano se lanzó de su vehículo y se escondió en unos matorrales, esquivando así varios disparos. Al fallar en su intento de asesinato, los dos desconocidos huyeron robándose la motocicleta del defensor del derecho a la educación. Hay que recordar que José Luis Urbano sufrió un atentado similar en el año 2007, tras realizar una serie de denuncias acerca de irregularidades presentes en las escuelas del estado Anzoátegui. En esta oportunidad los agresores son presuntos funcionarios policiales de la policía del estado Anzoátegui.
Una semana después, en otro suceso, el presentador del programa “La Hojilla”, trasmitido por el canal del Estado VTV, ciudadano Mario Silva, quien integra la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizó un extenso comentario criminalizando el trabajo tanto del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), como de su directora ejecutiva Liliana Ortega. En su programa correspondiente al 03.09.09, Silva expresó que “COFAVIC pretendía cobrar todas las indemnizaciones, cobrarlas y quedarse con un porcentajes distribuyéndola a cada familiar de víctimas los reales. ¿Es o no es Liliana Ortega? Cobrar, me quedo con una parte y me quedo el resto (…) Le tocaron el bolsillo a COFAVIC, le tocaron el bolsillo a Liliana Ortega, le tocaron el bolsillo a todos estos señores y pam! (…) están tratando de involucrar al gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez, un juicio a nivel internacional no solamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino en La Haya, para tratar de hacer lo mismo que le hicieron a Noriega en Panamá, juzgado por delitos de lesa humanidad”.
En un tercer hecho, dos funcionarios venezolanos sugirieron la ilegitimidad del actual sistema internacional de protección a los derechos humanos. Por un lado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, difundió en una nota de prensa institucional el pasado 01.09.09, la necesidad de crear un Tribunal Regional en derechos humanos, pues “Venezuela viene planteando, incluso en las decisiones de la Sala Constitucional, la falta de vigencia y sobre todo de legitimidad de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no ha sido para nuestro país un garante de la autonomía de nuestros poderes judiciales” . Por otra parte, el propio representante del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano , Germán Saltrón, afirmó en una entrevista de prensa (Ciudad CCS, 02.09.09) que dicha instancia “no tiene autoridad alguna en Venezuela por su demostrada parcialización contra el Gobierno venezolano”, tras lo cual ratificó que el Gobierno no autorizará que visiten el país.
Otras dos situaciones completan el contexto. La primera es la visita recibida en su domicilio por Carlos Nieto, de la ONG Una Ventana a la Libertad, por tres funcionarios de la Policía Metropolitana el pasado 19.08.09, en donde le preguntaron “¿Por qué mejor no te callas la boca y no te metes en más peos? Deberías dejar de estar sacando esas cosas del Ministro”, con relación a las denuncias realizadas por las irregularidades en los centros penitenciarios del país. La segunda son las informaciones aparecidas en prensa (La Razón, 06.09.09) en donde se afirma que se ha abierto una averiguación contra Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), por su presunta responsabilidad por la situación conflictiva que viven las cárceles venezolanas.
El Foro por la Vida desea expresar su preocupación por el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país y con ello el incremento de los riesgos para los activistas, las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo, así como la impunidad respecto a las denuncias de las agresiones físicas contra activistas en el país. En este sentido exige la investigación de las amenazas contra la vida de José Luis Urbano, y que se tomen medidas para garantizar su integridad. Por otra parte, desea rechazar de manera contundente el uso de los medios estatales para desacreditar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos del país, una política que vulnera tanto los derechos a la libertad de expresión e información expresados en nuestra carta magna como el de libertad de asociación para realizar labores de contraloría social y constituye un uso inadecuado e ilegal de los recursos públicos.
Por último el Foro por la Vida objeta la política de Estado para desacreditar y debilitar el sistema internacional de protección a los derechos humanos, lo cual desconoce obligaciones internaciones emanadas de los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. El Foro por la Vida considera que estas iniciativas forman parte de una política deliberada para restringir y acorralar los derechos humanos de todas las personas en el país por ello, se interpela a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse y emprender iniciativas para revertir estas situaciones que atentan contra la democracia de justicia social expresada en nuestra Carta Magna.
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