"Militares y policías no pueden investigar los hechos del 27F"

Entrevista a Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic.

Fuente: Diario El Universal.

Periodista:Roberto Giuisti

Fecha de publicación: 27/09/2009

Referencia obligada a la hora de hacer valer los derechos humanos en el país, Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, se pronuncia contra la forma como el Estado venezolano ha reabierto el caso del Caracazo y rechaza que sean militares, ahora de alto rango, pero en aquel tiempo oficiales con mando de tropa, quienes tengan en sus manos las llaves de la investigación ante una Fiscalía que impide la presencia de expertos internacionales.

-¿No es un intento loable del gobierno, reabrir el caso del 27F veinte años después?

-Es importante retomar las exhumaciones y la verificación de los restos que se encuentran en La Peste. Pero para que eso tenga valor de reconstrucción de la memoria histórica es muy importante la calidad del proceso, Y a nuestro juicio éste no reúne las condiciones mínimas para cumplir el objetivo final, que es la reparación de las víctimas.

-Si no cumple las condiciones mínimas, ¿es porque la Fiscalía tiene unos objetivos distintos a los que deben ser?

--El objetivo es investigar los hechos, identificar a los responsables y darle a los familiares la posibilidad de enterrar a sus seres queridos. Para que eso ocurra quienes participan en las investigaciones deben ser funcionarios totalmente neutrales.Y eso está en juego porque en el caso hay distintos niveles de responsabilidad. Primero hay que determinar las responsabilidades de los hechos de febrero y marzo de 1989: el papel de las fuerza pública, los asesinatos y los heridos. Luego están las responsabilidades que se derivan de quienes permitieron, dentro del Instituto de Medicina Legal, la salida de los cadáveres sin cumplir los procedimientos para realizar inhumaciones de personas no reclamadas.

-¿Esas personas estaban identificadas?

-No han sido identificadas. Pero además de eso también es necesario determinar cómo murieron esas personas. Durante todo ese tiempo los restos permanecieron en condiciones no adecuadas. Nosotros presentamos observaciones negativas sobre el procedimiento, pero fuimos desoídos y así se perdieron valiosas evidencias. De manera que las responsabilidades no sólo están en el 89, sino también en los años subsiguientes. Además, quienes van a investigar no pueden ser jueces y parte.

-¿A quién te refieres cuando hablas de juez y parte?

-Me refiero a los mecanismos de impunidad, a la no investigación diligente, a que las líneas de investigación no se han dirigido a quienes participaron en esas acciones: Fuerzas Armadas y Policías. De hecho, no hay ningún funcionario militar o policial activo condenado.

-Pero el entonces ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, ha sido imputado por la Fiscalía.

-Es importante que se realicen todas las investigaciones, pero el único caso en el cual se investigó a un oficial activo de las FAN la Sala Constitucional del TSJ confirmó la prescripción de los hechos, lo cual provocará un efecto cascada porque el Ministerio Público no ha introducido un recurso de revisión sobre esa decisión.

-¿A qué oficial te refieres en este caso concreto?

-No quisiera nombrarlo por respeto al debido proceso. Además, no ha sido condenado y las posibilidades de que esto ocurra son escasas. Por eso los familiares de la víctimas tienen mucha reserva sobre quienes actúan en este proceso, en el cual no pueden estar ni las fuerzas policiales ni las militares. Quienes hace veinte años tenían roles iniciales en sus carreras, hoy en día podrían estar en los niveles más altos de esas instituciones.

-Si eso es así y los responsables se están encubriendo a sí mismos, ¿qué sentido tiene reabrir el caso?

-Esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces. El Caracazo es un caso emblemático de derechos humanos y si hay verdadera voluntad política de investigar, es importante la presencia de expertos internacionales. En Chile y en Argentina, cuando los gobiernos democráticos investigaron los crímenes de las dictaduras, ese trabajo contó con la veeduría de organismos internacionales y de equipos independientes. De lo contrario es imposible reconstruir la memoria histórica y llegar a la verdad porque muchos de los responsables continúan dentro de esas estructuras. Lo mismo se hizo en Centroamérica y Colombia con el caso Emmanuel.

-¿Se niega el Estado a aceptar la participación de expertos internacionales?

-La fiscal general de la República ha declarado que no se aceptarán los expertos argentinos del equipo de antropología forense bajo el argumento de que aquí hay profesionales con la suficiente credibilidad y formación técnica. Cuando se da ese tipo de respuesta uno determina que no se está observando la obligación de independencia.

-¿No es eso encubrimiento?

-Sólo se llega a la verdad con una investigación objetiva.

-Según eso los oficiales perecistas de ayer son los chavistas de hoy.

-Lo que demostraría la falsedad de eso es una investigación independiente. En los años 90, con el padre Olaso en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, se abrieron las fosas comunes de La Peste. Los expertos argentinos participaron y todo lo convalidó un tribunal penal.